Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido no atender esta urgencia que condiciona la calidad de vida de las infancias y desfinanciar las políticas de salud sexual y reproductiva.
Para encender alarmas sobre esta problemática y reactivar las políticas sobre prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA), en el Congreso de la Nación se han presentado distintas iniciativas legislativas, impulsadas por referentes de diversos partidos. Con el objetivo de brindar datos y argumentos, Amnistía Internacional publicó una “Hoja informativa – El embarazo no intencional en la adolescencia – Apuntes sobre los resultados positivos del Plan ENIA”. Asimismo, la organización envió aportes a legisladores nacionales.
“El embarazo no intencional en la adolescencia y la maternidad temprana constituyen un serio problema social y de derechos humanos, que contribuye a la interrupción de trayectorias escolares y repercute en inserciones precarias en el mercado de trabajo. Asimismo, trae aparejados riesgos para la salud. Solo 4 de cada 10 de las adolescentes que tienen un hijo tempranamente logran completar la educación secundaria, lo que pone en evidencia la urgencia de atender este tema. El Estado tiene la obligación de: asegurar que las y los jóvenes cuenten con información, educación y acceso a la salud para que puedan decidir libremente su futuro”, indico Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
¿No hay plata?
El Plan de Prevención del Embarazo no intencional en la Adolescencia (ENIA) tenía un costo de 17,5 millones de dólares. Sin embargo, según un estudio de UNFPA, los efectos indeseados del embarazo adolescente y la maternidad temprana sobre la actividad productiva de las mujeres es de USD 568 millones. Esto significa que si el Estado invirtiera en prevenir los embarazos adolescentes los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PIB. Por ello, el fortalecimiento del plan ENIA es necesario para romper con el circulo intergeneracional de la pobreza.
En la guía producida por Amnistía internacional se publican cifras que derriban mitos sobre gastos del erario. Por ejemplo, USD 288 millones es la pérdida de ingresos para las mujeres y el consecuente costo que tiene para el Estado argentino el abandono educativo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana. Además, el Estado destina USD 200 millones en atender el embarazo, parto, postparto y los recién nacidos de madres adolescentes.
Esos son algunos ejemplos del alto impacto económico que conlleva abandonar el Plan ENIA, iniciativa que ha demostrado ser un modelo para la región por sus resultados positivos. En 2017 las altas cifras de embarazo en niñas y adolescentes menores de 20 años duplicaban el escenario actual. Entre 2018 y 2021, el Plan contribuyó a la reducción de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en un 49%.
Sin embargo, en abril de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación anunció su rediseño y reestructuración. Sumado a ello, el presupuesto previsto para destinar en 2024 a la prevención de los embarazos en la adolescencia es el mismo que el de 2023. Ante una inflación interanual de más del 280%, esto representa una reducción presupuestaria de un 68%.
Argentina rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño
El 2 y 3 de septiembre, el Estado Argentino rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño, en el marco de la presentación del 7mo informe periódico. El Estado fue interpelado por la caída del presupuesto asignado al plan ENIA en más del 50% y por el impacto del desfinanciamiento en las provincias.
Amnistía Internacional había alertado previamente al Comité su preocupación sobre la retracción en las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes.
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El Plan ENIA
El Plan ENIA es una política pública integral y transversal, vigente a lo largo de dos gobiernos de distinto signo político. Significó la articulación entre Nación, provincias y entre diversas áreas del Estado. La iniciativa se construyó sobre evidencia científica, con enfoque de derechos e incluye diversas estrategias territoriales. Preocupa a Amnistía Internacional el impacto que el rediseño del programa y los recortes presupuestarios puedan tener en la continuidad de esta política pública, que ha demostrado ser efectiva y eficaz para prevenir y reducir el embarazo no intencional en la adolescencia.
Información complementaria
Cada año, 21 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años que viven en regiones del mundo en desarrollo quedan embarazadas, según la OMS. A escala global, la tasa de nacimientos en la adolescencia (de edades comprendidas entre 15 y 19 años) ha disminuido de 64,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2000, a 41,3 por cada mil en 2023. En Argentina, la tasa de fecundidad adolescente es de 38 nacimientos cada 1.000 mujeres. Si bien se encuentra por debajo del promedio global, está por encima de países como Uruguay, Chile, Francia, Italia, España Noruega, entre otros.
