“El Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su Informe de Evaluación Mutua, reprende al gobierno indio por el riesgo de abusos al que se enfrenta el sector sin fines de lucro en India”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. También señala las demoras en los enjuiciamientos en India en virtud de sus leyes contra el blanqueo de dinero y el terrorismo.

El informe publicado hoy, basado en la cuarta ronda de la evaluación de India sobre sus medidas para combatir la financiación ilícita, destaca la necesidad “crítica” de “adoptar un enfoque educativo y basado en el riesgo con las organizaciones sin fines de lucro”.

“El organismo de control financiero mundial pide significativamente ‘acciones prioritarias’, una de las cuales es garantizar que la sociedad civil de India no sea innecesariamente acosada e intimidada con el pretexto del blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.  Aunque es posible que el gobierno indio insista únicamente en los aspectos positivos del informe del GAFI sobre el país, no puede minimizar a su conveniencia el hecho de que ha sido amonestado por su cumplimiento parcial de las medidas para proteger las actividades legítimas del sector sin fines de lucro”, ha manifestado Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India.

El gobierno de India […] ha sido amonestado por su cumplimiento parcial de las medidas para proteger las actividades legítimas del sector sin fines de lucro.

Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India

El informe muestra que India sólo “cumple parcialmente” la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera, que establece que las leyes y normativas para combatir el blanqueo de dinero y el terrorismo deben dirigirse únicamente contra las organizaciones sin fines de lucro a las que se identifique —mediante un análisis minucioso, selectivo y “basado en los riesgos”— como vulnerables a abusos en la financiación del terrorismo.

El informe del GAFI señala tres aspectos importantes: la incapacidad del departamento del Impuesto sobre la Renta de India para demostrar que sus acciones de seguimiento y consulta dieron prioridad a las 7.500 organizaciones sin fines de lucro identificadas como en situación de riesgo de abusos relacionados con la financiación del terrorismo.

En segundo lugar, el GAFI señala asimismo que los onerosos requisitos en materia de registro y auditoría que deben cumplir las organizaciones sin fines de lucro en India no “siempre se basan en el riesgo o se implementan sobre la base de consultas con [ellas] para evitar un impacto negativo en su trabajo”.

En tercer lugar, el GAFI reconoce que las enmiendas de 2020 a la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras se implementaron sin consultar adecuadamente a las organizaciones sin fines de lucro, lo que “afectó a sus actividades o modelos operativos”. El gobierno indio ha cerrado la financiación extranjera para miles de grupos de la sociedad civil utilizando la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, y más de 20.600 organizaciones no gubernamentales han perdido sus licencias para recibir financiación extranjera en el último decenio, en muchos casos grupos que durante mucho tiempo han promovido los derechos humanos en el país.

Además, en el informe también se destaca que la demora en los enjuiciamientos en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales y la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero) “dan lugar a un elevado número de casos pendientes y de personas acusadas que se encontraban bajo custodia judicial a la espera de que se juzgaran y concluyeran las causas”. Estas demoras ilustran la posibilidad de que estas leyes se estén utilizando indebidamente para reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos al garantizar que los procedimientos penales, caracterizados por estrictas disposiciones sobre libertad bajo fianza, detención prolongada y largas investigaciones, actúen como castigo.

Entre las “acciones prioritarias” propuestas, el organismo de control recomienda que India garantice un enfoque basado en el riesgo, incluso mediante la realización de una consulta más centrada y coordinada a las organizaciones sin fines de lucro en relación con su riesgo de financiación del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera también recomienda a India que aborde las demoras en la conclusión de los enjuiciamientos en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales y la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, habida cuenta de la elevada tasa de arrestos y la baja tasa de condenas en virtud de estas leyes.

El gobierno indio debe tomar en serio las acciones prioritarias recomendadas por el informe del GAFI y calibrar sus acciones para detener la caza de brujas de organizaciones sin fines de lucro, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que se atreven a disentir.

Aakar Patel

La investigación de Amnistía Internacional ya había documentado previamente cómo las autoridades de India han abusado de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), entre otras cosas con la introducción de leyes draconianas en una campaña coordinada para reprimir al sector sin fines de lucro. A su vez, estas leyes se usan para presentar cargos relacionados con el terrorismo y, entre otras cosas, impedir el acceso de organizaciones y activistas a una financiación esencial.

“Amnistía Internacional ha señalado sistemáticamente cómo las autoridades han utilizado estas leyes como armas para atacar, intimidar, acosar y silenciar a las personas críticas. En consulta con el sector sin fines de lucro, el gobierno debe poner en marcha medidas centradas, proporcionadas y no demasiado amplias, mediante la armonización de leyes como la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras y la Ley de Prevención de Actividades Ilegales con las normas internacionales de derechos humanos. El gobierno de India debe tomar en serio las acciones prioritarias recomendadas por el informe del GAFI y calibrar sus acciones con un enfoque basado en los riesgos para detener la caza de brujas en virtud de la legislación india contra el terrorismo y el blanqueo de dinero de organizaciones sin fines de lucro, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que se atreven a disentir”, ha manifestado Aakar Patel.