Las autoridades iraníes deben detener la ejecución programada de forma inminente de Mohammad Reza Azizi, un hombre de 21 años que era un niño de 17 en el momento de cometer el delito. Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades iraníes planean llevar a cabo su ejecución el lunes 21 de octubre de 2024 en Shiraz, provincia de Fars. Su condena a muerte y su ejecución prevista incumplen el derecho internacional, que prohíbe de manera estricta la imposición de la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el presunto delito.

Ante esta noticia, Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“La ejecución prevista de Mohammed Reza Azizi pone de manifiesto la crueldad de las autoridades iraníes. Su reiterado y flagrante desprecio por el derecho a la vida es un abominable atentado contra los derechos de los niños y las niñas. La imposición de la pena de muerte a una persona que era menor de edad en el momento de cometerse el delito está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho consuetudinario e incumple las obligaciones internacionales de Irán”.

“Mohammed Reza Azizi fue interrogado sin abogado, y el tribunal uso sus ‘confesiones’ obtenidas bajo coacción como prueba para condenarlo a muerte, prácticas que vulneran su derecho a un juicio justo. Su ejecución constituiría una privación arbitraria de la vida.”

“Las autoridades iraníes deben detener de inmediato la ejecución de Mohammad Reza Azizi, anular su declaración de culpabilidad y su pena y concederle un nuevo juicio con las debidas garantías y de plena conformidad con los principios de la justicia juvenil y las normas internacionales, y sin recurrir a la pena de muerte. La comunidad internacional, incluidos los órganos de la ONU así como de la UE y sus Estados miembros, debe intervenir con urgencia para salvar la vida de este joven.”

Información complementaria

Mohammad Reza Azizi fue detenido en septiembre de 2020, cuando tenía 17 años de edad. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte por la Sala Primera del Tribunal Penal núm. 1 de la provincia de Fars el 15 de agosto de 2021. Según la documentación jurídica revisada por Amnistía Internacional, tras la detención fue interrogado sin la presencia de un abogado, y el tribunal penal se basó posteriormente en esas “confesiones” para emitir el fallo en el que lo condenaba a muerte. El Tribunal Supremo confirmó la declaración de culpabilidad y la condena a muerte en noviembre de 2021. En julio de 2023 se rechazó la solicitud de revisión judicial.

Según la documentación jurídica revisada por Amnistía Internacional, la Organización de Medicina Legal de Irán —institución forense estatal bajo supervisión de la Magistratura— concluyó que el acusado había alcanzado “desarrollo mental y madurez” en el momento del delito, sin proporcionar una explicación sobre cómo había llegado a tal conclusión, más allá de observar que se sabía su nombre y su apellido.

Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraníes, incluidos jueces y médicos de la Organización de Medicina Legal de Irán, a que pongan fin a estos procesos de “evaluación de la madurez” que vulneran intrínsecamente los derechos humanos de los niños y niñas y les hacen correr el riesgo de ser condenados a muerte, y adopten en su lugar la postura de tratar a todas las personas menores de 18 años como menos maduras y culpables que las personas adultas, de acuerdo con los principios internacionales de justicia de juvenil.

Mohammad Reza Azizi está recluido en la prisión de Adel Abad de Shiraz, provincia de Fars. Las autoridades iraníes han programado su ejecución al menos una vez este año, según la información recibida por Amnistía Internacional.

Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado por ley a tratar como niño o niña a cualquier persona menor de 18 años, y a garantizar que no sean condenadas nunca a muerte ni a cadena perpetua sin posibilidad de quedar en libertad.