El hecho de que gobiernos de todo el mundo no consultaran a los pueblos indígenas sobre el cierre de escuelas y otras respuestas de emergencia a la pandemia de COVID-19 violó sus derechos, ya que los niños y niñas siguen sintiendo los efectos cinco años después del primer cierre mundial, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Dirigentes indígenas a quienes Amnistía Internacional entrevistó para su informe Qué sucede cuando no se respeta el consentimiento indígena, dieron testimonio de aumentos pronunciados y sostenidos de las tasas de absentismo y abandono escolar después de la pandemia, que en algunos casos superaban el 80 por ciento, entre los niños y niñas indígenas de más de 10 países. Asimismo, dirigentes y activistas indígenas expresaron su preocupación por el hecho de que la respuesta a menudo discriminatoria, inconexa o inexistente de las autoridades a las necesidades educativas de los niños y niñas indígenas durante la pandemia agravara las desigualdades que sufrían desde hacía mucho tiempo las comunidades indígenas, en especial las niñas y los niños indígenas con discapacidades. De cara al futuro, la organización pide que se consulte a los pueblos indígenas en futuras pandemias.

Líderes, lideresas y activistas indígenas con quienes hablamos dijeron que durante la pandemia sintieron que los gobiernos no les prestaban ninguna atención.

Chris Chapman, investigador de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas

“Líderes, lideresas y activistas indígenas con quienes hablamos dijeron que durante la pandemia sintieron que los gobiernos no les prestaban ninguna atención, lo que tuvo un impacto duradero y perjudicial en sus derechos y perspectivas”, afirmó Chris Chapman, investigador de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.

“Dijeron que los niños y niñas indígenas a menudo no disponían de soluciones de aprendizaje a distancia. Los más afectados fueron los de las zonas rurales, donde las comunidades indígenas carecían a menudo de dispositivos, conexiones a Internet, electricidad y los conocimientos tecnológicos o la capacidad para participar en clases virtuales o aprendizaje a distancia”.

Cuando se distribuyeron soluciones menos tecnológicas, como material impreso, a otros grupos, las comunidades indígenas de varios países afirmaron que se las pasó por alto, se las ignoró o se les pidió que pagaran por ellas.

Sylvia Kokunda, activista indígena, afirmó: “En la mayoría de los casos, el gobierno local distribuyó estos materiales, ya que al presidente de la aldea le puede resultar más fácil identificar a la gente de esta comunidad. Sin embargo, las autoridades locales no daban los materiales a personas indígenas de la etnia batwa, sino sólo a su gente.”

Durante la pandemia, las emisiones educativas por radio o televisión no solían estar disponibles en las lenguas indígenas. Una persona activista ogiek dijo que, aunque la emisora de radio Sogoot FM 97.1, en lengua ogiek, se utilizaba para llegar a la comunidad e informarles sobre la COVID-19 y sus repercusiones, no se utilizó para los cursos escolares.

El informe se basa en datos y en más de 80 entrevistas o respuestas que Amnistía Internacional recopiló para estudiar cómo los y las estudiantes indígenas de todo el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas relacionado con la pandemia, entre otros países en India, Kenia, México, Nepal, República Democrática del Congo, Rusia, Taiwán y Uganda. En todo el mundo hay 476 millones de personas indígenas distribuidas en más de 90 países, que pertenecen a 5.000 grupos indígenas diferentes y hablan más de 4.000 lenguas.

Tecnología, discriminación y tasas de abandono escolar

Cuando las familias indígenas tenían un acceso limitado a la tecnología para el aprendizaje a distancia durante la pandemia, se solía dar prioridad a los varones.

En palabras de mujeres indígenas activistas de Nepal: “Si algunas familias tienen un teléfono móvil, sólo lo utilizan una o dos personas. Y si hay más niños y niñas en la casa, hay que sacrificar su educación. A la hora de sacrificar, se sacrifica más a las niñas”.

Incluso cuando los y las estudiantes indígenas disponían de dispositivos aptos para la enseñanza a distancia, sus familias a veces no podían permitirse el pago de datos suficientes. Además, la enseñanza a distancia rara vez se impartía en lenguas indígenas.

Los niños y niñas con dificultades de aprendizaje o discapacidades que requerían una enseñanza especializada, por ejemplo mediante el uso de la lengua de signos o el braille, quedaban a menudo excluidos, incluso entre las comunidades indígenas.

Personas que fueron entrevistadas en muchos estados afirmaron que, a menudo, el gobierno apenas supervisaba o no tenía en cuenta la eficacia de las iniciativas de aprendizaje alternativo para las comunidades indígenas. La información sobre cómo tener acceso a la educación cuando las escuelas cerraron —y en algunos países permanecieron cerradas durante más de 18 meses— rara vez se facilitó en lenguas indígenas.

“También abandonaron los chicos que habían empezado a trabajar en empleos como conductores de mototaxis para ganar dinero para ellos y sus familias”.

Activista indígena de Kenia

Estudiantes con poco o ningún acceso a la educación durante la pandemia a menudo se dedicaron a trabajar, y nunca regresaron a las escuelas cuando éstas volvieron a abrir. Quienes regresaron cuando las escuelas volvieron a abrir, a menudo se encontraron con que se habían quedado rezagados con respecto al resto de la clase. Si no querían volver a cursar un año, o no podían mantenerse económicamente, también abandonaban los estudios.

En Kenia, la mayoría del alumnado ogiek que abandonó los estudios eran chicas, sobre todo las que se quedaron embarazadas durante la COVID-19 o fueron sometidas a matrimonio a edad temprana. Pero también afectó a los chicos. Una persona activista indígena de Kenia afirmó: “También abandonaron los chicos de entre 12 y 18 años que habían empezado a trabajar en empleos como conductores de mototaxis o trabajadores agrícolas para ganar dinero para ellos y sus familias”.

Algunas escuelas de muchos estados nunca volvieron a abrir, lo que redujo aún más el acceso de niños y niñas indígenas a la educación, según informaron activistas indígenas.

Cuando se le pidió que respondiera a las conclusiones de Amnistía, el gobierno mexicano declaró que había respondido al “reto sin precedentes de la COVID-19” mediante la colaboración con escuelas y docentes indígenas para poner en marcha una serie de medidas, entre ellas la distribución de materiales en cinco lenguas indígenas, a veces en formato impreso donde el acceso a Internet o a dispositivos estaba restringido, el desarrollo de nuevos materiales educativos digitales y la capacitación de escuelas y progenitores en el uso de plataformas digitales.

Recomendaciones

“Ahora se necesitan muchos más recursos para salvaguardar, restablecer y mejorar las oportunidades y los derechos educativos de las comunidades indígenas”, señaló Chris Chapman.

“Los Estados deben trabajar con las comunidades indígenas para restablecer y mejorar de inmediato el derecho a la educación de todos los niños y niñas indígenas, prestando especial atención a la reincorporación de niñas indígenas y de estudiantes indígenas con discapacidad”.

Además del informe, Amnistía Internacional ha publicado una guía para investigadores que deseen averiguar hasta qué punto se ha violado el derecho humano a participar de forma efectiva en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de comunidades indígenas.

“Los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas sobre las medidas de respuesta a la COVID-19 y otras medidas de respuesta a pandemias y emergencias, pues de lo contrario corren el riesgo de violar su derecho a que se les consulte y su derecho a dar o negar su consentimiento a las decisiones que les afectan. Nuestro estudio pone de relieve los riesgos de no tener en cuenta las realidades, las culturas y los derechos de los pueblos indígenas”, manifestó Chris Chapman.

“Aunque nuestro informe expone el devastador impacto de esta falta de inclusión, esperamos que la guía de Amnistía garantice que en el futuro se incluye a los pueblos indígenas en los debates que les afectan. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación primaria gratuita y de calidad. Por tanto, los Estados deben garantizar que ningún niño ni niña se queda atrás”.