Luego de 20 años sin respuestas, los funcionarios de todos los poderes del estado argentino deben tener presente que su obligación de esclarecer el atentado a la AMIA y de otorgar justicia y reparación a las víctimas se mantiene. El derecho internacional impone el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables del ataque, que dejó 85 muertos, y también a sus cómplices y a quienes trabajaron para desviar la investigación judicial.

Durante el largo tiempo transcurrido desde el atentado, funcionarios del más alto nivel, incluyendo al ex presidente Carlos Menem, habrían cometido una larga lista de delitos, con el objetivo de tapar la verdad, que quedaron al descubierto al cabo del juicio oral que finalizó en 2004, con la absolución de todos los acusados de haber constituido la llamada conexión local en la perpetración del atentado. Esos hechos, de gravedad institucional, fueron investigados por un juzgado que finalizó la etapa de instrucción y elevó la causa a un tribunal oral en 2012, por lo que el juicio oral y público debe realizarse sin más demora.

La causa judicial principal acerca del atentado se encuentra estancada desde que el juez dictara en 2006 órdenes de captura y extradición contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés, con el fin de interrogarlos como sospechosos. Cinco de esas órdenes de captura están hoy vigentes, con “alerta roja” de Interpol. Sin embargo, aunque esas cinco personas residirían en Irán, ese país se niega a cumplir el reclamo de la justicia argentina.

El memorándum de entendimiento firmado a comienzos del año último por los gobiernos de los dos países creaba una comisión de la verdad para investigar el atentado y permitía que las declaraciones indagatorias fueran tomadas por el juez argentino en Teherán. Aunque de ninguna manera garantizaba resultados, representaba un intento de destrabar la causa judicial y una oportunidad de avanzar. Sin embargo, el acuerdo no entró en vigencia ya que el estado iraní no lo ratificó y, en la Argentina, su validez está a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que una Cámara Federal declarara su inconstitucionalidad.

Esta circunstancia no exime al gobierno iraní de su obligación de garantizar el cumplimiento de las órdenes de captura de la justicia argentina, ya que el derecho internacional impone el deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos.

La falta de entrada en vigencia del memorándum de entendimiento tampoco puede representar una excusa para que el estado argentino desista de su obligación de brindar justicia y reparación a las víctimas.