Amnistía Internacional celebra la ratificación por parte del estado argentino del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), adoptado por las Naciones Unidas el año pasado. La ratificación, que ya tenía media sanción del Senado, fue votada por la Cámara de Diputados en su sesión del último miércoles. El TCA es un instrumento internacional que regula el comercio de armas entre países y prohíbe a los estados aprobar transferencias si existe un riesgo cierto de que serán utilizadas para cometer o facilitar violaciones a los derechos humanos.

Una vez que la ley de ratificación sea promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, el instrumento debe ser depositado en las Naciones Unidas. A la fecha 44 países ya han ratificado el TCA, que entrará en vigencia 90 días después de que sea depositado en las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del 50°país.

Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional trabajó durante más de veinte años para que las Naciones Unidas regulasen el comercio internacional de armas. Finalmente, el TCA fue adoptado el 2 de abril de 2013, en la Asamblea General de la organización, prácticamente por unanimidad. Sólo votaron en contra Irán, Siria y Corea del Norte, tres países con historiales de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Dos meses más tarde, Argentina fue el primer país en firmarlo, en la sede de la ONU en Nueva York, a través del canciller Héctor Timerman.

La falta de una norma abarcativa, global y vinculante ha permitido que cientos de toneladas de armas y municiones lleguen a manos de gobiernos que violan los derechos humanos de sus propias poblaciones o terminen en el mercado negro, mientras estados, organizaciones o personas obtienen enormes beneficios económicos. Así, esa ausencia normativa contribuyó a la existencia y desarrollo de conflictos armados que causaron millones de muertos, personas heridas y desplazadas en todo el mundo.

El tratado obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. Los Estados han acordado que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo. El tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, que producen cantidades ingentes de víctimas civiles y proliferan en países con conflictos de baja intensidad y en situaciones de violencia armada.