Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014.- Amnistía Internacional valora como un hecho positivo que la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados haya colocado en la agenda de su reunión de mañana el debate de los proyectos de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Será la primera vez en tres años que se discuta en torno al aborto en el Congreso.
“Es muy importante que los miembros del Congreso Nacional generen un debate plural, participativo y abierto sobre este tema, de modo de que los ciudadanos tengan la posibilidad de informarse, valorar posiciones y tomar decisiones; esto se hace, en un contexto de debate público. Por el contrario, cualquier intento de limitar este debate estaría violando principios democráticos, ya que representaría una interferencia en la libertad de elegir de las personas y limitaría la capacidad de acceso a la información sobre temas de interés público”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional trabaja por la despenalización del aborto en todas las circunstancias: esto significa que no debe existir amenaza penal ni para las mujeres que se someten a un aborto ni para médicos o personal de servicios de salud que realicen abortos. La penalización es violatoria de los derechos humanos, ya que obliga a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, donde ponen en riesgo su salud e incluso su vida.
La campaña de Amnistía Internacional para que se debata la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se enmarca en la campaña global de Amnistía Internacional denominada Mi Cuerpo, Mis Derechos, que tiene por objetivo lograr que los gobiernos dejen de controlar y penalizar a las personas por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. La organización considera que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y su salud reproductiva.
Lamentablemente en muchos países la libertad de las personas de tomar decisiones está controlada por los gobiernos. Con frecuencia se utiliza la legislación penal y se imponen duras sanciones para controlar estas decisiones. En este marco, Amnistía Internacional promueve que se deroguen leyes que penalizan a las mujeres y niñas que se someten a abortos y a los médicos u otras personas que proporcionan servicios de aborto. También reclama que se garantice que toda mujer y niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a un servicio médico seguro y que se proporcione a todas las personas servicios de anticoncepción modernos e información completa y precisa sobre temas de salud sexual y reproductiva, sin que sea obligatorio el consentimiento de progenitores o tutores legales.
