Buenos Aires, 9 de mayo de 2013.- El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que entró en vigencia este domingo 5 de mayo para la Argentina, es una oportunidad para que hagan valer sus derechos las personas que viven en la pobreza, afirmó Amnistía Internacional.

Esta nueva herramienta permitirá que accedan a un mecanismo internacional de reclamo, en forma individual o colectiva, quienes ven violados sus derechos a la salud, la educación, la alimentación, el agua potable, la vivienda digna o la seguridad social. Un comité independiente de expertos, elegidos por las Naciones Unidas, examinará los reclamos una vez que se hayan agotado las instancias locales y formulará las recomendaciones necesarias.
El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008 y fue abierto para ratificación el 24 de septiembre de 2009. Argentina, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay ya lo han ratificado. Mientras que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ya contaba con un mecanismo de denuncias desde hace más de 40 años, ahora también lo tienen los derechos económicos, sociales y culturales, lo que reconoce el principio de indivisibilidad e igualdad de los derechos humanos.

Además de los diez países mencionados, otros 32 lo firmaron pero todavía no lo ratificaron. Amnistía Internacional ha realizado campaña a favor del Protocolo y está pidiendo a todos los gobiernos del mundo que lo ratifiquen, ya que considera que los derechos humanos son un aspecto fundamental de las iniciativas destinadas a reducir la pobreza.

La organización envió una carta al gobierno argentino en la que le señaló que la ratificación del Protocolo significa que el Estado está dispuesto a rendir cuentas, particularmente ante los sectores sociales más vulnerables. Ahora la Argentina debe reforzar su compromiso a través de una declaración que permita al Comité de la ONU conducir investigaciones cuando haya recibido información confiable sobre violaciones graves o sistemáticas de los derechos sociales y habilite el mecanismo de queja interestatal, que permite a un Estado Parte denunciar a otro Estado Parte cuando considere que éste no ha cumplido con las obligaciones.

El Protocolo admite que el nivel de realización de los derechos sociales puede variar de acuerdo al grado de desarrollo económico de los países, pero obliga a todos a los Estados a destinar el máximo de sus recursos y a no tomar medidas regresivas sin justificación. Y no admite que se pospongan en forma indefinida políticas públicas debido a restricciones presupuestarias. Incluso en tiempos de austeridad, el Estado debe asegurar los derechos sociales de la población.