El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en su decisivo informe sobre México, determinó que las desapariciones son generalizadas en el país e instó al gobierno a que adoptase medidas para prevenirlas y resolver los casos pendientes. Además, el Comité formuló recomendaciones concretas al gobierno. Lo sorprendente es que apenas horas antes de que el Comité hiciera públicas sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano afirmó que “no aportan elementos adicionales” para abordar el problema.

El gobierno mexicano parece poco dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su postura en relación con estas recomendaciones podría indicar que ignorará cualquier crítica a sus fallidas estrategias sobre seguridad pública. Esta decisión es sumamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que vive el país. A Amnistía Internacional le preocupa enormemente el hecho de que la declaración del gobierno implica un rechazo de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada. Con más de 23.000 casos de desaparición no resueltos, muchos de los cuales son casos de desaparición forzada cometidos por las fuerzas policiales y militares, las autoridades deberían dar la bienvenida a la ayuda especializada y constructiva que proporcionan los expertos de la ONU.

Las recomendaciones del Comité están incluidas en sus “Observaciones finales”, documento resultado del estudio en profundidad del país realizado durante su 8º periodo de sesiones. En su análisis, el Comité tuvo en cuenta toda la información pertinente presentada por el propio gobierno y por otras partes interesadas, como víctimas y ONG que trabajan sobre esta cuestión. La evaluación por el Comité de la situación incluyó aspectos positivos, así como motivos de preocupación sobre las medidas —o ausencia de medidas— adoptadas hasta el momento por el gobierno.

El Comité recomienda, entre otras cosas, prevenir los actos de intimidación y hostigamiento hacia las familias de las personas desaparecidas y de los defensores y defensoras de los derechos humanos; la aprobación de una ley general sobre desapariciones forzadas que sea compatible con el derecho internacional; una base de datos de ADN de personas desaparecidas y un registro de desapariciones que identifique específicamente los casos que constituyan desaparición forzada; un registro de detenidos fiable; y garantías de la búsqueda inmediata de las personas cuya desaparición se denuncie. Actualmente, todos estos aspectos adolecen de graves defectos que dificultan la investigación y perpetúan la impunidad casi total por estos crímenes.

Amnistía Internacional insta al gobierno mexicano a que acepte pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada y tome todas las medidas necesarias para cumplirlas en su integridad. La fase de implementación sólo tendrá éxito con la participación completa de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellas.