Hoy ha salido a la luz información que indica que las autoridades iraquíes han llevado a cabo 12 ejecuciones secretas, con lo que el número de presos ejecutados desde el domingo asciende a 38. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“El creciente uso de la pena de muerte en Irak sólo sirve para generar más violencia, ya que muchos de los ejecutados son condenados tras juicios flagrantemente injustos”, dijo Amnistía Internacional. “La única manera de hacer frente de forma efectiva a las amenazas para la seguridad a las que se enfrenta el país es que las autoridades iraquíes aborden los profundos defectos de sus sistema de justicia, en el que las ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura se utilizan como prueba ante los tribunales y la ejecución de presos es una práctica habitual.”

El 21 de enero, el Ministerio de Justicia iraquí emitió una declaración en la que confirmaba que las autoridades habían ejecutado el domingo (dos días antes) a 26 hombres. Uno de ellos era Adel al Mashehadani, de quien, según el Ministerio de Justicia, se sabía que había perpetrado varios ataques sectarios.

Amnistía Internacional ha confirmado a través de fuentes independientes que también se ha ejecutado a al menos otros 12 hombres.

La organización ha sabido asimismo que, ese mismo día, la oficina de la presidencia ratificó unos 200 casos de personas condenadas a muerte, preparando así el camino a su ejecución. En Irak, todas las condenas de muerte confirmadas judicialmente deben ser ratificadas por la presidencia antes de poder ser ejecutadas.
La mayoría de los ejecutados el domingo, todos ellos iraquíes, habían sido condenados por cargos de terrorismo en virtud de la draconiana Ley Antiterrorista de 2005.

Amnistía Internacional teme que las autoridades iraquíes estén aprovechando la actual violencia en la gobernación de Al Anbar para acelerar las ejecuciones y demostrar así su empeño de proteger a la población civil frente al terrorismo y los ataques de grupos armados.

Estas ejecuciones se han producido menos de una semana después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiera a las autoridades iraquíes, durante una visita a Irak, una suspensión de las ejecuciones.
Esa petición fue rechazada tajantemente por el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, quien, en una conferencia de prensa conjunta, declaró que las autoridades “no creen que los derechos de alguien que mata a otras personas deban ser respetados”.