La nueva presidenta interina de la República Centroafricana debe actuar con urgencia para poner freno a las milicias anti-balaka “fuera de control” que están obligando a marcharse del país a decenas de personas de comunidades musulmanas en un intento de escapar de los terribles abusos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Catherine Samba Panza ha sido nombrada hoy presidenta interina del país africano por el Parlamento provisional.
“Las personas de las comunidades musulmanas se sienten completamente desprotegidas de los ataques de las fuerzas anti-balaka y aterrorizadas por lo que podría sucederles si se quedan en el país. Incluso las que han nacido en la República Centroafricana y nunca han puesto un pie fuera del país ahora intentan huir a Chad”, ha afirmado Joanne Mariner, asesora general sobre situaciones de crisis de Amnistía Internacional, quien se encuentra actualmente en la República Centroafricana.
“Controlar a la milicia anti-balaka y garantizar que la población musulmana está a salvo de ataques debe tener prioridad máxima para la presidenta interina Catherine Samba Panza.”
En los últimos 10 días se han recibido informes según los cuales cientos de musulmanes han sido víctimas de ataques –incluidos homicidios ilegítimos– y muchos se han visto obligados a huir de sus hogares.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó el domingo la localidad de Boali, al norte de la capital del país, Bangui, y comprobó que los barrios musulmanes estaban vacíos.
La mayor parte de la comunidad musulmana había huido de la localidad la semana anterior tras un ataque anti-balaka que tuvo lugar el viernes, en el que se dio muerte a cinco musulmanes.
Las que se quedaron, hasta un total de 850 personas, han buscado refugio en una iglesia local protegida por fuerzas para el mantenimiento de la paz de Francia y la Unión Africana. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que querían abandonar la localidad en busca de refugio fuera de la República Centroafricana, ya que pensaban que no era seguro para ellas quedarse.
Los informes recibidos indican que personas de comunidades musulmanas han huido igualmente en masa de las localidades de Bossembele, Yakole y Boyali, así como de muchos pueblos más pequeños y numerosos barrios que rodean Bangui.
Miles de ellas se han reagrupado en las afueras de Bangui, en un barrio tradicionalmente musulmán en la zona PK-12. Algunos están organizando caravanas para huir a Chad y Camerún, mientras que otros se han reunido en torno a la mezquita en espera de una oportunidad de escapar a un lugar seguro.
Algunas caravanas han sido objeto de emboscadas tendidas por la milicia anti-balaka cuando intentaban salir del país. El pasado viernes, 22 civiles, entre los que había 3 menores de edad, fueron asesinados a las afueras de la localidad de Bouar cuando su vehículo fue atacado. Muchas de las víctimas murieron a machetazos.
A principios de diciembre de 2013, alrededor de 1.000 personas, la mayoría pertenecientes a la comunidad cristiana, murieron a manos de ex miembros de Seleka y miembros de las fuerzas anti-balaka. Sin embargo, tras el despliegue de fuerzas francesas el 6 de diciembre y el posterior despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz adicionales, así como la dimisión del ex presidente interino Michel Djotodia el 10 de enero, la antigua coalición Seleka ha perdido poder rápidamente. Muchos de sus antiguos miembros, según informes, han abandonado las ciudades y pueblos que controlaban anteriormente.
En la superficie, con la pérdida de poder de la antigua Seleka, aparentemente están mejorando las condiciones de seguridad en la mayor parte del país. En Bangui se han reabierto tiendas y mercados y, en el medio rural, muchas personas desplazadas de la comunidad cristiana están volviendo a sus localidades tras pasar semanas e incluso meses escondidos en la selva.
“Las atrocidades perpetradas por la antigua Seleka no pueden servir en modo alguno de justificación de los brutales ataques que estamos presenciando ahora. El nuevo gobierno debe actuar de inmediato para garantizar que todas las personas que viven en la República Centroafricana, ya sean cristianas o musulmanas, disfrutan de condiciones básicas de seguridad”, ha afirmado Joanne Mariner.