Por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, da cuenta de la represión que aguarda a los habitantes de Crimea

Dos decenios de balbuceantes reformas en materia de derechos humanos en Ucrania fueron prácticamente destruidos de la noche a la mañana cuando, el 16 de enero de este año, el Parlamento de Kiev consiguió que se aprobase sin discusión una serie de nuevas leyes para restringir las libertades de expresión, asociación y reunión.

Prácticamente calcadas de la legislación adoptada en la vecina Rusia en los últimos años, estas leyes se hicieron a la medida de las autoridades ucranianas a fin de ampliar sus atribuciones para procesar a quienes participan en las protestas contra el gobierno en la céntrica plaza de la Independencia (Maidán) de Kiev, así como para acallar mucho más la disidencia.

El presidente Yanukóvich debía tener la esperanza de que los manifestantes pacíficos se acobardarían, pero no lo hicieron. Como sucedió con intentos previos de dispersarlos por la fuerza, su número aumentó, así como su lista de reivindicaciones. La violencia generó más violencia, y un mes más tarde el mundo observó con horror cómo la protesta alcanzaba un sangriento final.

Transcurrido un mes, Yanukóvich ha huido a Rusia, su corrupción ha quedado al descubierto, su gobierno ha sido depuesto, y su mayoría parlamentaria se ha visto diezmada por las deserciones.

Al nuevo gobierno de Kiev tampoco le faltan problemas. Persiste la impunidad por los actos de violencia cometidos en el Euromaidán, y esta misma semana el director de una importante cadena de televisión ha sido agredido violentamente a causa de su política editorial por un diputado que irrumpió en el estudio con sus matones.

No parece que el camino a las reformas que los gobiernos sucesivos no han sido capaces de introducir pueda quedar allanado ahora que el país se enfrenta a enormes desafíos económicos, a la amenaza constante de una nueva intervención de Rusia en el este y a la mezcla variopinta de nacionalistas de extrema derecha que contribuyeron al derrocamiento del gobierno y han sido recompensados con importantes puestos en la nueva administración. Tendrán que trabajar duro a fin de garantizar que todos los ucranianos sientan que participan por igual en el futuro de su país.

Y luego está lo de Crimea. El presidente Putin parece haber conseguido lo que quería, como la mayoría de los crimeos, si bien la población de etnia ucraniana y tártara de Crimea no haya sido precisamente invitada a expresar libremente su opinión sobre el asunto.

Muchas personas en Crimea sentirán que por fin han vuelto a casa. Pero si hay alguien que crea realmente que por que la bandera rusa ondee en los edificios oficiales la gobernanza mejorará, se erradicará la corrupción y se reforzará la participación democrática en la gestión de los asuntos públicos, con toda probabilidad quedará rápidamente desengañado y con pocas opciones de objetar.

El 18 de marzo, cuando el presidente Putin entró en los salones dorados del Kremlin y selló lo que en realidad era una ocupación militar, exportó las leyes rusas a la península de Crimea. De un plumazo, su población se regirá ahora por un conjunto distinto de normas, lo que tendrá un efecto devastador sobre su capacidad para ejercer los derechos humanos.

Deben prestar atención a las alertas que transmite la historia reciente. Al comienzo de su actual mandato, el 7 de marzo de 2012, el presidente Putin se manifestó a favor de una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y alentó a consultar más ampliamente a la sociedad las reformas legales, pero ha sucedido todo lo contrario.

Tal vez lo que mejor ilustra la respuesta de las autoridades rusas a la protesta pacífica es la brutal represión de una manifestación de la oposición en la plaza Bolotnaya la víspera del discurso de toma de posesión de Putin: decenas de miles de personas tomaban la calle y eran conducidas hacia un estrecho pasillo por policías antidisturbios armados con porras. Cientos de personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas en el caos que se produjo.

En la farsa de los juicios celebrados el mes pasado contra los activistas detenidos en Bolotnaya  ni siquiera la atención internacional sobre los Juegos Olímpicos de Sochi pudo enfriar el entusiasmo con que el aparato del Estado reprimió la protesta pacífica a la entrada del tribunal de Moscú. Cientos de personas más fueron detenidas.

Durante los dos últimos años, ciudadanos rusos corrientes –no sólo los más críticos– han visto cómo las autoridades han pisoteado constantemente sus libertades. Se ha introducido una serie de nuevas medidas administrativas y legislativas que no sólo incumple las obligaciones jurídicas internacionales, sino la propia Constitución rusa.

Entre estas nuevas medidas se incluyen:

• Legislación que restringe las protestas pacíficas mediante la imposición de fuertes multas a los organizadores de manifestaciones que incumplan una restrictiva lista de normas y reglamentos. En 2013, más de 600 personas fueron detenidas en el transcurso de 81 actos celebrados únicamente en Moscú y alrededores. Sólo el mes pasado se produjeron centenares de nuevas detenciones.


• La ley sobre “agentes extranjeros” de 2012 desató por todo el país una campaña de represión contra ONG. Varias organizaciones y sus dirigentes han recibido importantes multas por negarse a inscribirse como “agentes extranjeros”. Algunas se han visto obligadas a cerrar y muchas más temen que la persecución continúe.


• El año pasado se introdujo legislación homófoba que se está utilizando para restringir los derechos a la libertad de expresión y reunión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y que ya ha incitado a la violencia homófoba por todo Rusia. Se imponen multas de hasta 3.000 dólares estadounidenses por incumplirla.


• La blasfemia fue tipificada como delito después de que el grupo punk Pussy Riot llevase a cabo una actuación política breve y pacífica, aunque provocadora, en la principal iglesia ortodoxa rusa de Moscú en 2011.


• La difamación ha vuelto a ser tipificada como delito

No esperen que la población de Crimea entable un debate público informado sobre esta represión made in Rusia que ya está comenzando a atenazar la península.

No podrán hacerlo. En Rusia, el control del Estado se ha consolidado sobre una destacada agencia de noticias, se han bloqueado sitios web de noticias y blogs críticos o se los ha amenazado con emprender acciones judiciales en su contra, se ha despedido al director y al redactor jefe de un influyente medio de comunicación independiente y varias operadoras de televisión por cable han bloqueado el acceso a un popular canal de noticias.

Las señales de advertencia son claras. En Crimea, la represión se ve venir. Pero no será emitida por televisión.