Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo detuvieron el 12 de enero a seis miembros del personal de Azul Positivo, una ONG médica y humanitaria que trabaja en Zulia (oeste de Venezuela). Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz han sido acusados de delitos económicos y “asociación para delinquir”. Amnistía Internacional considera que su detención y procesamiento están basados únicamente en el trabajo humanitario que realiza Azul Positivo, la ONG para la que trabajan. Todos ellos son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.

Azul Positivo es una organización no gubernamental que, desde 2004, trabaja para promover la inclusión, el conocimiento y el tratamiento de los pacientes VIH positivo, así como cuestiones transversales tales como las enfermedades de transmisión sexual, la diversidad y la violencia sexual. Desde 2006 ha desarrollado proyectos comunitarios en diversos pueblos y ciudades del estado de Zulia (oeste de Venezuela). Mediante su trabajo ha contribuido a la labor de entidades estatales de salud pública, como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el Programa Regional VIH/SIDA y el Ministerio para la Salud. También ha sido aliada de agencias de las Naciones Unidas tales como ONUSIDA, el ACNUR y UNFPA, implementando proyectos sobre salud sexual y reproductiva en la frontera con Colombia.

El 12 de enero de 2021, hacia las once y media de la mañana, una comisión de al menos 15 miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acudió a la sede de la organización de la sociedad civil Azul Positivo, ubicada en el centro comercial de Aventura, en la ciudad de Maracaibo, para llevar a cabo un presunto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de ayuda humanitaria que la organización lleva a cabo en diversas comunidades del estado de Zulia.

Durante más de seis horas, los directores de la organización y varios miembros del equipo permanecieron retenidos en las oficinas y fueron interrogados sobre su trabajo humanitario. Pasado ese tiempo, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan fueron llevados a la jefatura de la DGCIM, sin que en ningún momento tuvieran acceso a asistencia letrada. Más tarde, ese mismo día, otro trabajador de Azul Positivo, Luis Ferrebuz, fue detenido en su casa por soldados de la DGCIM. Miguel Guerra fue puesto en libertad posteriormente.

El 14 de enero, los cinco detenidos fueron conducidos ante un tribunal y acusados formalmente de cargos falsos, específicamente de adquisición ilegítima de bienes y servicios, blanqueo de dinero y asociación para delinquir. Este ataque contra Azul Positivo llega en un momento de intensa estigmatización y hostigamiento del gobierno contra otras organizaciones de la sociedad civil, con especial hincapié en la financiación internacional que reciben. Azul Positivo tiene una trayectoria de más de 15 años de trabajo humanitario respetado, fiable y eficaz, y ha adquirido prestigio entre las organizaciones de ayuda internacional y las entidades y personas activistas locales.

El gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha una política de represión y ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que ha obligado a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y un futuro digno en el extranjero. Hasta diciembre de 2020, más de 5,4 millones de personas habían huido del país.

Todos estos sucesos no son hechos aislados. Desde principios de enero, la sociedad civil de Venezuela ha informado de una nueva oleada de represión contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, centrada principalmente en criminalizar la cooperación internacional. Esta nueva serie de ataques de represión también ha afectado a medios de comunicación independientes.

El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

 

Publicado el 20 de enero de 2021