“El gobierno del Presidente Lenín tiene la responsabilidad de proteger el derecho de las personas a solicitar asilo y buscar protección internacional, así como de prevenir, investigar y sancionar actos de violencia cometidos en contra de personas dentro de su territorio, sin discriminación por su nacionalidad u otros factores.
Ante graves casos de violencia de género y feminicidios ocurridos recientemente, las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de proteger a niñas y mujeres, investigar todos estos crímenes, castigar a quienes resulten responsables, e implementar políticas de prevención de estas formas de violencia. La violencia contra las mujeres y niñas no es una cuestión de nacionalidad o flujos migratorios, pero es el resultado de una cultura que permite esta violencia y una deuda histórica de falta de respuestas integrales de los estados.
Estos lamentables hechos no deben fomentar ataques xenófobos, ni la imposición de restricciones adicionales que ponen en mayor riesgo a una población en necesidad de protección internacional en Ecuador y en toda la región, como es el caso de las personas venezolanas que huyen de su país debido a las masivas violaciones a los derechos humanos.
