Amnistía Internacional presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para que sea tenido en cuenta en la evaluación a la que es sometido el Estado argentino en materia de género.
El documento recoge las principales preocupaciones de la organización respecto al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El informe también tiene en cuenta las anteriores observaciones finales del Comité a los informes presentados por Argentina.
“A pesar de los avances que el Estado argentino ha hecho en la defensa de los derechos de la mujer, aún persisten numerosas barreras para su pleno acceso. Al momento de presentar su informe, esperamos que las autoridades puedan demostrar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales en materia de género. Desde Amnistía Internacional no dejaremos de exigir al Estado que todas las mujeres puedan vivir libres de discriminación y violencia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Ejes principales
Educación Sexual Integral: la organización hizo foco en la deficiente implementación de la ESI: sólo el 14% de las y los estudiantes de nivel primario y el 4% del nivel secundario recibió la totalidad de los contenidos básicos y obligatorios de la ESI, mientras que en el nivel inicial aún no se generaron los contenidos necesarios. Además, hace falta más capacitación docente: 7 de cada 10 maestros necesitan más formación en los ejes violencia de género, abuso sexual infantil, y diversidad sexual e identidad género.
Gestión Menstrual: Amnistía Internacional reparó en las mujeres y personas menstruantes que no tienen acceso a agua limpia ni a infraestructura adecuada para garantizar su privacidad, productos de gestión menstrual e información completa y accesible. Ello afecta desproporcionadamente a personas de bajos ingresos y repercute en un deficiente acceso a la salud, educación y trabajo.
Embarazo no intencional en la adolescencia: la organización remitió información sobre las cifras de nacimientos de hijos e hijas de niñas y adolescentes: de 53.260 nacimientos, 1.293 corresponden a niñas menores de 15 años. Las niñas y adolescentes obligadas a llevar a término un embarazo pueden enfrentarse a graves problemas físicos y psicológicos, al abandono o expulsión escolar y ver afectados el desarrollo de sus proyectos de vida.
Abuso sexual infantil: la organización informó sobre cifras preocupantes: entre 2020 y 2021 se registraron 3.129 casos de abuso sexual infantil. El 74,2% de las víctimas fue violentado por alguien de su entorno cercano. Además, al menos una de cada 10 niñas y adolescentes sufre violencia sexual. Sin embargo, solo el 15,5% de los crímenes contra la integridad sexual denunciados termina en una sentencia condenatoria.
Aborto legal: el informe presentado resalta que el sector público de salud registró 106.764 interrupciones legales y voluntarias del embarazo. En cambio, el sector privado no ha producido información. La organización también detalla los obstáculos que aún existen para acceder a un aborto: ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva, falta de profesionales de la salud que garanticen el aborto con motivo de la objeción de conciencia. Asimismo, persiste la criminalización a profesionales de la salud.
Violencia de género: Argentina debe rendir cuentas en materia de violencia de género en un contexto preocupante: sólo en enero de 2023 se registraron 14 femicidios y 2 transfemicidios. En 2021, se registró un femicidio cada 35 horas; el 81% de las 251 muertes se produjo en contextos de violencia doméstica. Además, al menos el 17% de las víctimas había efectuado denuncias formales contra los agresores, y en al menos el 10% de los casos hay fuerzas de seguridad involucradas en el femicidio o en su encubrimiento.
Violencia por orientación sexual e identidad de género: la organización informó que la población LGBTI+ continúa enfrentando discriminación y violencia: en 2021 se registraron al menos 120 crímenes de odio contra personas por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género y el 80% de esos ataques fue contra mujeres trans. El 73,2% de la población travesti, trans de Argentina no concluyó estudios secundarios. Su expectativa de vida no supera los 40 años y apenas el 1% de las personas trans llega a los 60 años de edad. En marzo, se cumplirán dos años desde que Tehuel De la Torre, un joven trans de 21 años, desapareció cuando iba a una entrevista laboral. Su caso refleja la discriminación estructural que viven las transmasculinidades.
Violencia de género online: Amnistía Internacional también reparó en los efectos que tiene este tipo de violencia que sufre una de cada tres mujeres. El 39% siente su seguridad física amenazada, el 70% hace cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% deja de publicar o compartir contenidos. Otra dimensión de la violencia online es la captura, almacenamiento y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres.
Violencia de género hacia periodistas: la organización alertó también sobre la escalada de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas y defensoras de derechos de las mujeres o comunidades LGBTI+. La discriminación y el acoso contra las mujeres en los medios de comunicación es particularmente grave para aquellas que incorporan un enfoque de género y derechos.
Violencia contra mujeres y niñas indígenas: Amnistía Internacional destacó que las mujeres y niñas de comunidades indígenas sufren especialmente la violencia por parte del Estado y privados por reclamar por sus territorios. También se informó sobre las denuncias de abusos y violencia sexual que sufren mujeres y niñas indígenas por parte de varones criollos, en el marco de una práctica conocida como “chineo” en el norte argentino.
Participación en la vida política y pública: la organización recordó que Argentina no tiene un proceso nacional abierto y transparente para seleccionar candidatos/as para organismos regionales e internacionales de derechos humanos con perspectiva de género y participación de la sociedad civil. Esto ocurre en un contexto en el que las mujeres ocupan solo el 31% de los magistrados de la justicia nacional y federal, porcentaje que desciende en la medida que se asciende en jerarquía de cargos.
Información adicional
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo.
Todos los Estados Parte deben informar sobre las medidas que han adoptado en relación con los derechos descritos en la Convención, así como sobre los avances realizados por el Estado en la defensa de los derechos de la mujer.
El documento presentado por Amnistía Internacional consiste en información para que el Comité elabore la Lista de Cuestiones Previas a la Presentación de Informes (LoIPR), una serie de preguntas que el Estado argentino deberá responder a la hora de elaborar su octavo informe al Comité CEDAW.
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