La mayoría de los femicidios tuvo lugar en el hogar de la víctima, o la vivienda que compartía con el femicida, lo que demuestra el nivel de desprotección que atraviesan las mujeres y personas travesti, trans y no binarias en su propio hogar. Ello se ve agravado si se considera que más del 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio. A su vez, las cifras dan cuenta de esta problemática estructural: en los últimos diez años, se registraron cerca de 700.000 casos de violencia por motivo de género, según el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Genero (SICVG) y el 97% corresponde a situaciones de violencia doméstica.
A 8 años del primer Ni Una Menos el diagnóstico se mantiene: se minimizan los testimonios de quienes se animan a denunciar y se las somete a largas horas de espera para radicar una denuncia; se subestima el riesgo al que están expuestas las mujeres, hay fuertes demoras en la aplicación de medidas de protección que requieren respuestas ágiles, y no hay perspectiva de género por parte de los operadores del poder judicial y policial. El acceso a la justicia continúa siendo una deuda del Estado. Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes y adoptar medidas efectivas.
Escalada de ataques a periodistas
La violencia contra trabajadoras de los medios es un fenómeno mundial. El 73% de las mujeres periodistas han sufrido acoso en línea relacionado con su trabajo, conforme relevamiento de UNESCO.
En Argentina, en el último tiempo, también se han intensificado ataques a periodistas conforme el informe publicado recientemente por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI). Ello con la intención de deslegitimar las conquistas feministas y a sus voceras. Muchas de ellas fueron las organizadoras en 2015 del grito colectivo contra la violencia machista.
Estas periodistas son quienes contribuyen con sus coberturas a la construcción de una agenda mediática que se hace eco de las demandas sociales, visibiliza las diversas manifestaciones de la violencia basada en género y contribuye a desnaturalizarla y combatirla.
Actualmente son, cada vez más, blanco de ataques coordinados online, situación que se expresa desde amenazas de violencia sexual o física, publicación de datos personales, difamación y escraches tanto en redes sociales como fuera de ellas. Ello se ve agravado por la falta de espacios de denuncia efectiva, la precarización laboral y la discriminación de género conforme ha destacado recientemente la Relatoría Especial sobre Libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esto genera el silenciamiento de las periodistas de género, un profundo deterioro de la libertad de expresión y el empobrecimiento del debate social y de la calidad democrática.
“Las periodistas son cruciales para generar conciencia sobre las distintas formas de manifestación de la violencia de género. Lamentablemente, no es casual que hoy sean atacadas por sectores que impulsan medidas regresivas. Es indispensable que el Estado impulse leyes, planes de acción y políticas adecuadas de protección integral y erradicación de la violencia contra periodistas tanto online como en las redacciones” señaló Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La falta de acceso a derechos también es violencia
Mujeres y niñas sufren diversas manifestaciones de violencia, tanto en ámbitos privados como públicos. Una de las manifestaciones más aberrantes es el abuso sexual infantil (ASI). En 2021, se registraron 3.219 víctimas de ASI. La justicia en este tipo de casos es profundamente deficiente: de acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) solo el 15,5% de los delitos contra la integridad sexual denunciados llega a sentencia condenatoria.
Por otro lado, si bien en Argentina el aborto es legal, a más de dos años de la aprobación de la ley aún se manifiestan barreras para el acceso a la interrupción del embarazo. Es por eso que, por ejemplo, la semana que viene una misión de Amnistía Internacional estará viajando a Tierra del Fuego para reunirse con autoridades, realizar una denuncia administrativa y lanzar una campaña exigiendo que se cumpla dicha norma tanto a nivel provincial como nacional.
Amnistía Internacional se suma a esta jornada de lucha y reflexión y subraya la importancia de seguir visibilizando este grito colectivo para que el Estado tome medidas efectivas en contra de la violencia ejercida contra mujeres, niñas y diversidades.
