Cuatro años después del devastador terremoto que causó la muerte de unas 200.000 personas y dejó unas 2.300.000 millones de personas sin hogar, 171.974 personas aún viven en campos de desplazados, sin acceso a servicios básicos. Desde la catástrofe del 12 de enero de 2010, muy poco se ha hecho en Haití para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, dijo Amnistía Internacional.
Son 306 los campamentos que alojan a los desplazados, que en su mayoría viven sin acceso a servicios básicos. Apenas el 8% de los campos tienen suministro de agua, el 4% tienen gestión de residuos y sólo el 54% tienen baños. En el promedio, hay una letrina cada 114 personas.
Las nefastas condiciones sanitarias exponen a los desplazados a las enfermedades. Desde el brote de cólera de octubre de 2010, ha habido 8.531 muertes por esta enfermedad y el ministerio de Salud haitiano prevé 45.000 nuevos casos para 2014.
El terremoto agravó el déficit habitacional que ya padecía Haití. En enero de 2010, el 67% de la población urbana vivía en asentamientos improvisados, muchos de los cuales estaban en escarpadas laderas o en el fondo de barrancos. Fue en estos barrios precarios donde más grave y extensa fue la destrucción causada por el terremoto, con el consiguiente empeoramiento de la crisis de vivienda ya existente.
Aunque las cifras oficiales de las personas desplazadas han ido descendiendo significativamente desde las estimaciones de 1.500.000 millones de julio de 2010, la mayoría de las personas que han sido relocalizadas no han recibido un alojamiento duradero que garantice su derecho a una vivienda adecuada.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 113.000 familias de desplazados internos han sido reubicados en refugios temporales, mientras que más de 55.000 se han reubicados a través de programas de subsidio del alquiler. Las familias beneficiarias de estos programas reciben aproximadamente 500 dólares estadounidenses para alquilar un alojamiento de su elección durante un año y otros 125 dólares estadounidenses para iniciar actividades generadoras de ingresos. Si bien estas estrategias han logrado una reducción drástica en el número de campos de desplazados, no han contribuido en absoluto a la solución de la crisis de vivienda que el terremoto agravó, dijo Amnistía Internacional.
El desalojo forzoso es otro factor que contribuye a la reducción del número de desplazados internos que viven en campamentos. Según las estadísticas de la OIM desde septiembre de 2013, los desalojos forzosos representaron el 11 % del total de personas que abandonó los campamentos de desplazados internos. Al mismo tiempo, el 45 % de la población actualmente está viviendo en ellos está bajo amenaza de desalojo.
Amnistía Internacional siente especial preocupación por la seguridad de las personas que viven en Canaán, una gran extensión de tierra de varios kilómetros cuadrados en la periferia norte de Puerto Príncipe que fue declarada de "uso público", en marzo de 2010 por el gobierno.
Decenas de miles de personas que perdieron sus hogares en el terremoto, incluyendo a muchos que habían sido desalojados de campamentos en Puerto Príncipe, se han reasentado en Canaán con la esperanza de estar a salvo de los desalojos. Muchos han comenzado a construir casas de cemento. Sin embargo, el estatus de la tierra sigue siendo poco claro. Ninguna de las familias tiene seguridad de tenencia que les proteja contra los desalojos forzosos. La confusión se mantiene sobre qué parte exacta de la tierra ha sido declarada de "uso público" y sobre el procedimiento de expropiación. Como consecuencia, miles de personas que viven allí están bajo amenaza de desalojo forzoso, expuestos a la intimidación y el acoso por parte de quienes reclaman la tierra.
Cuatro años después del terremoto, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Haití a dar prioridad a las políticas y prácticas para que el derecho a una vivienda adecuada sea una realidad en el país, en particular garantizando que:
- Se establezcan planes para reubicar a los desplazados internos viviendo en campamentos a través de soluciones duraderas.
- La Politica Nacional de Vivienda y Hábitat sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos y garantice el acceso a una vivienda adecuada a todos aquellos que lo necesiten, en especial los más vulnerables y marginados como los que viven en la pobreza.
Pueden acceder al informe "Ningún lugar donde ir" sobre la situacion de los refugiados en Haití
