Se cumplen tres años de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 70/2017 que modificó la ley de Migraciones nro. 25.871. Desde entonces, Amnistía Internacional y un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de migrantes, e instituciones académicas, denunciamos la inconstitucionalidad del DNU y la urgente necesidad de derogarlo.
Así lo hemos plasmado también en la Agenda Migrante 2020, un documento presentado de manera conjunta por muchas de estas organizaciones ante el nuevo gobierno a fines de 2019 y que recoge las cuestiones migratorias más urgentes. Entre los principales puntos se destaca la necesidad de derogar el mencionado decreto que ha significado un retroceso en los derechos de las personas migrantes en Argentina.

El criterio que rige este decreto parte de considerar a todas las personas migrantes como sospechosas, utilizando así la “guerra contra el narcotráfico” y/o la excusa de “combatir la inseguridad” para promover una persecución. De esta forma, el DNU ha habilitado expulsiones exprés que violan el debido proceso y el derecho a la defensa y han llegado a separar familias enteras, como fue el caso de la expulsión de Vanessa Gómez Cueva.

Estas medidas fueron sostenidas con argumentos falaces, y discursos xenófobos y discriminatorios por parte de autoridades estatales, que, mediante estadísticas tergiversadas, han intentado vincular la migración con la delincuencia. En simultáneo, preocupan los impactos que el DNU tiene en el acceso a derechos de las personas migrantes y en el incremento de los niveles de discriminación, xenofobia y racismo en la sociedad argentina para con ellas. Impactos que, en muchos casos, se materializan en políticas de persecución y violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, en mayor medida sobre las y los migrantes que se dedican a la venta ambulante o callejera.

Cabe recordar que el DNU modificó de forma autoritaria la ley de Migraciones 25.871 de 2004, que fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación, siendo el resultado de un amplio debate social y un trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil. Esta Ley ha sido reconocida como ley modelo y de vanguardia en varios espacios nacionales e internacionales justamente por tratarse de una ley de avanzada en materia de migración y derechos humanos. El DNU 70/2017, en cambio, ha sido cuestionado en su constitucionalidad en distintas instancias judiciales a nivel nacional y criticado por distintos organismos internacionales de derechos humanos que han instado al Estado argentino a derogarlo. Entre ellos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU.

A 3 años de la entrada en vigencia del DNU 70/2017, solicitamos que el Estado derogue inmediatamente este decreto y responda a las demandas colectivas plasmadas en la Agenda Migrante 2020. Las autoridades competentes deben tomar las medidas necesarias para defender la vigencia y la plena implementación de la ley de Migraciones 25.871 y cumplir con los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.