25 de julio de 2013.- Hace exactamente un año, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho del pueblo indígena ecuatoriano Kichwa de Sarayaku a ser consultado sobre el uso de sus tierras. Fue a raíz de un reclamo por la actividad de una compañía petrolera que, con autorización estatal, afectó gravemente su hábitat y puso sus vidas en riesgo. En su fallo, la Corte reafirmó el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de las tierras y recursos naturales y estableció que, al permitirle a la empresa operar en el territorio de la comunidad, el Estado puso en riesgo la supervivencia física y cultural de los Sarayaku.
Hoy, aunque ha habido algunos progresos, el Estado ecuatoriano todavía debe pedir disculpas al pueblo Kichwa de Sarayaku y acelerar la remoción segura de las 1,4 millones de toneladas de explosivos que la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles enterró en las tierras de la comunidad. En el año 2012 el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo que proporciona un marco legislativo para la consulta en las zonas afectadas por los proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, este decreto no fue consultado y acordado con los pueblos indígenas conforme con los estándares internacionales y muchos de ellos han expresado serias dudas sobre el proceso de consulta que tuvo lugar hasta ahora bajo este decreto.
Amnistía Internacional produjo en conjunto con la comunidad indígena el documental "Los descendientes del yaguar" sobre la lucha del pueblo Sarayaku, que a partir de hoy está disponible en internet en el siguiente link:http://www.youtube.com/watch?v=MisSLxg7vLk&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/v/MisSLxg7vLk&feature


"Los descendientes del yaguar" será exhibido en Buenos Aires, en el 15º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, el sábado 10 de agosto a las 19, en el microcine del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ex ESMA), Libertador 8151, CABA. Posteriormente habrá una mesa debate.
El pueblo Kichwa de Sarayaku tiene unos 1.200 habitantes y sus tierras ancestrales están en una remota zona de la Amazonía, al este de Ecuador. El fallo de la Corte Interamericana compromete al Estado ecuatoriano introducir una legislación de avanzada en materia de derecho a consulta previa de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales. Ecuador puede dar un ejemplo a toda la región, en la que se repiten los casos de violación al derecho de las comunidades a dar su consentimiento, libre, previo e informado sobre los proyectos que afecten la utilización, administración y conservación de sus territorios o de los recursos existentes en sus tierras y territorios.
En la Argentina, particularmente, las comunidades indígenas viven la amenaza permanente de desalojo, pese a que éstos están prohibidos totalmente por la ley 26.160 cuya vigencia se extiende a noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional sobre las tierras ancestrales. La expansión de la frontera agrícola, de las industrias extractivas (minería, gas, petróleo) y de megaproyectos (represas, construcción de rutas para integración territorial) representan una amenaza para la subsistencia de los pueblos indígenas. Argentina adeuda un mecanismo que reconozca y regule el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios sobre los proyectos que las afectan, conforme lo exigen el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.