Astudillo Castro, de 22 años, desapareció el 30 de abril, en la Provincia de Buenos Aires, tras ser detenido a la entrada de la localidad de Mayor Buratovich. La policía lo detuvo por circular durante la cuarentena impuesta por el Estado a raíz de la pandemia.
Cronología
Después de que Facundo desapareciera, se inició una causa por “averiguación de paradero" en la Ayudantía fiscal de Villarino. Tras dos meses de irregularidades y de una investigación sin resultados, el 2 de julio la familia -con los abogados Luciano Peretto Ithurralde y Leandro Aparicio- presentó una denuncia ante la justicia federal para que se investigara la “desaparición forzada”.
Cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires están bajo sospecha después de declaraciones contradictorias. De la causa surge que uno de ellos afirmó que Facundo se fue en un vehículo tras de ser detenido por los agentes, aunque más tarde cambió su relato para decir que el joven se fue a pie. Tres testimonios, sin embargo, dicen que fue subido a un móvil policial.
El 6 de julio, la Comisión Provincial para la Memoria (CPM) -un organismo público autónomo e independiente- intervino como mecanismo local para la prevención de la tortura y presentó una petición de acción urgente ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
El 10 de julio, el Comité de Desapariciones Forzadas pidió al Estado que adoptara una "estrategia integral" para encontrar a Facundo y lleve adelante una investigación "inmediata y exhaustiva" sobre la desaparición del joven de 22 años que fue visto por última vez detenido en un puesto de control policial en la provincia de Buenos Aires (Res. 906/2020).
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. ". La Argentina ha ratificado la Convención en 2007 (Ley 26.298).
“Han pasado más de 80 días y nada se sabe de Facundo. Si bien se han realizado algunas medidas como rastrillajes, pruebas y audiencias testimoniales, aún la familia y la sociedad siguen sin respuestas. Exigimos a las autoridades de la Provincia que redoblen los esfuerzos para tener certezas sobre el caso. Es esencial para el respeto por los derechos humanos enviar un mensaje claro de no encubrimiento a quienes pudieran estar involucrados”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional ha sumado a toda su comunidad global para exigir a las autoridades que determinen el paradero de Facundo, aseguren una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre el caso haciendo públicos los resultados, y que lleven a los responsables de su desaparición ante la justicia.
Información complementaria: ¿Qué es una acción urgente?
La acción urgente es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos.
Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.
