En el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional en la provincia.
Ante esta situación, Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente (AU) Global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy.
Alberto Nallar es abogado defensor de los derechos humanos y acompañó en todo momento la movilización popular en contra de la reforma constitucional y prestó apoyo y asistencia jurídica a personas detenidas durante las movilizaciones y a sus familias.
La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional (AI) por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Cuando AI tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.
Además, la organización presentó junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy. La presentación se realizó debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas.
Protestas en Jujuy
El 15 de junio de 2023, la Convención Constituyente de Jujuy realizó una reforma constitucional de manera rápida y, según diversos sectores, inconsulta. A partir de dicha reforma, se desataron protestas que condujeron a represiones policiales. En el accionar de las fuerzas de seguridad se registraron irregularidades y uso excesivo de la fuerza. En la actualidad las protestas continúan.
Desde que comenzaron las manifestaciones se han detenido al menos a 130 personas y defensores de los derechos humanos. A muchos se les endilgan diversos delitos que son frecuentemente utilizados para criminalizar personas que ejercen el derecho a la protesta social, tales como sedición, entorpecimiento de la vía pública, incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad, entre otras.
Además, por otro lado, junto con más de 70 organizaciones, Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional llama a poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
