Los delitos que se le imputan a la dirigente social están contemplados en los artículos 209 y 230 inciso dos del Código Penal. El 209 establece una pena de entre dos y seis años para quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. El 230 determina un castigo de cuatro años de cárcel para aquellos que, de acuerdo con el inciso dos, “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos”. Amnistía Internacional tuvo acceso al acta de arresto del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, donde surge que se la acusa a Milagro Sala de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos. De este modo, se la criminaliza a ella por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y a la protesta. Asimismo, se le imputa no haber respetado el plan de regularización de cooperativas, sin embargo Milagro Sala no es autoridad formal de ninguna cooperativa, ni de la organización Tupac Amaru, por lo que no se la puede responsabilizar por esta o cualquier otra supuesta violación cometidas por estas organizaciones.
El 17 de enero los abogados de la Tupac Amaru presentaron un recurso de hábeas corpus para que se libere a Milagro Sala de prisión preventiva, el cual fue rechazado. Desde su detención Milagro Sala está realizando una huelga de hambre seca. El Fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda, afirmó públicamente que “[m]ientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”. Ante los medios, el Gobernador Morales consideró que la protesta es “desestabilizante”. El 17 de enero, el juez ordenó el desalojo del acampe de las organizaciones. En su decisión, el juez ordena “[q]ue se arbitren los medios necesarios para que cese el estado antijurídico existente a fin de garantizar el transporte público de pasajeros”.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma, exhortando a: - Que se garantice la integridad física de Milagro Sala y se ordene su inmediata liberación; - Que se ponga fin a la persecución de Milagro Sala y las organizaciones sociales; - Que las autoridades provinciales concedan una reunión a las organizaciones sociales para entablar un diálogo; - Exhortándolas a no utilizar leyes penales para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamaciones.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE MARZO DE 2016 A:
Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales Gral. San Martín 450, 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina Tel/Fax +54 (0388) 4239400 Correo-e: gobernacion@jujuy.gov.ar Twitter: @moralesgerardo1 Tratamiento: Sr. Gobernador.
Fiscal de Estado Mariano Miranda Fiscalía de Estado de la Provincia Gral. San Martin 450, 4600, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina Tel/Fax +54 (0388) 4239400 Twitter: @mgmmiranda Tratamiento: Sr. Fiscal
Fiscal Liliana Fernández de Montiel Fiscal Correo electrónico: lbfernandez@justiciajujuy.gov.ar Tratamiento: Sra. Fiscal Y copias a: AI Argentina Correo-e: contacto@amnistia.org.ar
Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales: NombreDirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Con la asunción en la Provincia de Jujuy del nuevo gobernador Morales en octubre de 2015, se anunció la implementación de un plan de reempadronamiento de las cooperativas, con el argumento de que se procuraba la transparencia en los movimientos de dinero estatal. Frente a estos anuncios, la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy solicitó en dos ocasiones, el 24 y 30 de noviembre, una reunión con el nuevo gobernador para establecer un diálogo sobre la implementación de este plan. Ante el silencio de las autoridades, el 14 de diciembre la Red se movilizó a la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, frente a la casa de gobierno provincial, en una manifestación pacífica exigiendo la apertura de una mesa de diálogo entre el poder ejecutivo provincial y las organizaciones sociales. Ese día comenzó un “acampe” que derivó en la criminalización de Milagro Sala. Como establece el derecho internacional de los derechos humanos, las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de reunión. En ocasiones constituyen la única forma de que los sectores vulnerables o excluidos puedan hacerse oír y dar a conocer sus opiniones. El uso de la herramienta penal para silenciar los reclamos de la sociedad compromete la responsabilidad internacional del Estado.
