Los talibanes, el ejército estadounidense y las fuerzas de seguridad afganas fueron todos responsables de ataques que provocaron un sufrimiento generalizado de la población civil antes de que el gobierno se derrumbara este año. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
El informe, titulado No Escape: War Crimes and Civilian Harm During The Fall Of Afghanistan To The Taliban, documenta actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y homicidios a manos de los talibanes durante las etapas finales del conflicto de Afganistán, así como bajas civiles durante una serie de operaciones terrestres y aéreas de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas y fuerzas militares estadounidenses.
"Hogares, hospitales, escuelas y comercios se convirtieron en escenario de crímenes mientras sucedían los homicidios y las heridas." Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Los meses previos al derrumbe del gobierno en Kabul se caracterizaron por los reiterados crímenes de guerra y el implacable derramamiento de sangre cometidos por los talibanes, así como por las muertes causadas por las fuerzas afganas y estadounidenses”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Nuestros nuevos datos muestran que, lejos de la transición fluida de poder que los talibanes afirman que tuvo lugar, la población de Afganistán ha pagado una vez más con su vida.”
“Hogares, hospitales, escuelas y comercios se convirtieron en escenario de crímenes mientras se sucedían los homicidios y las heridas. La población afgana lleva demasiado tiempo sufriendo, y las víctimas deben tener acceso a la justicia y recibir reparación.”
“La Corte Penal Internacional debe anular su errónea decisión de restar prioridad a las investigaciones sobre operaciones militares estadounidenses y afganas, y debe seguir los indicios sobre todos los posibles crímenes de guerra, sin importar a dónde le conduzcan.”
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán informó de que 1.659 civiles habían muerto y 3.524 habían resultado heridos en los primeros seis meses de 2021: un incremento del 47% respecto al año anterior.
Atrocidades cometidas por los talibanes
A medida que se fueron haciendo con el control de distritos de todo Afganistán en julio y agosto de 2021, los miembros de los talibanes torturaron y mataron a minorías étnicas y religiosas, exsoldados de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas, y personas a las que se consideraba simpatizantes del gobierno, en ataques de represalia.
El 6 de septiembre de 2021, las fuerzas talibanes atacaron la localidad de Bazarak, en la provincia de Panjshir. Tras una breve batalla, los combatientes talibanes capturaron a unos 20 hombres y los mantuvieron recluidos durante dos días, en ocasiones encerrados en un palomar. Los torturaron, les negaron la comida, el agua y la asistencia médica, y los amenazaron repetidamente con ejecutarlos.
Uno de los hombres capturados por los talibanes dijo: “El talibán había sacado un cuchillo [...] dijo que quería decapitar a los heridos [...] porque son infieles y judíos”.
Otro hombre añadió: “Nos mantuvieron en un lugar subterráneo. Cuando pedíamos tratamiento médico para los heridos, los talibanes decían: ‘Que mueran’ […] No había comida ni agua, ni ayuda para los heridos. Su relación con nosotros era de brutalidad. Cuando pedíamos agua, nos decían: ‘Muérete de sed’”. La tortura y el trato cruel e inhumano a cautivos constituyen crímenes de guerra.
Más tarde, ese mismo día, los talibanes atacaron también el cercano poblado de Urmaz, donde llevaron a cabo registros puerta a puerta para identificar a personas sospechosas de trabajar para el anterior gobierno. En 24 horas, los combatientes ejecutaron extrajudicialmente al menos a seis civiles, principalmente con disparos en la cabeza, el pecho o el corazón. Esos homicidios constituyen crímenes de guerra. Los testigos presenciales dijeron que, aunque algunos de los hombres habían estado anteriormente en las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas, ninguno estaba en las fuerzas de seguridad gubernamentales ni participaba de manera alguna en las hostilidades en el momento de su ejecución.
El informe documenta también los ataques de represalia y las ejecuciones de personas afiliadas al anterior gobierno en Spin Boldak. Amnistía Internacional ya había documentado anteriormente masacres llevadas a cabo por los talibanes contra personas de etnia hazara en las provincias de Ghazni y Daykundi.
Sigue sin conocerse la auténtica magnitud de los homicidios en el país, ya que los talibanes cortaron el servicio telefónico o restringieron severamente el acceso a Internet en muchas zonas rurales.
Bajas civiles por los ataques aéreos estadounidenses y afganos
El informe documenta cuatro ataques aéreos —tres cometidos muy probablemente por fuerzas estadounidenses y uno por la Fuerza Aérea afgana— en los últimos años. Los ataques mataron a un total de 28 civiles (15 hombres, 5 mujeres y 8 menores), e hirieron a 6.
Por lo general, las muertes se debieron a que Estados Unidos dejó caer armas explosivas en zonas densamente pobladas. Amnistía Internacional ya ha documentado anteriormente impactos similares de armas explosivas en muchos otros conflictos, y apoya una declaración política para que se reduzca el uso de estas armas.
"La segunda bomba mató a mi madre, mi tío, mi tía y mi hermana." Una persona de nueve años
El 9 de noviembre de 2020, un ataque aéreo lanzado muy probablemente por fuerzas estadounidenses mató a cinco civiles —incluida una niña de tres meses— e hirió a seis en el hogar de una familia en el barrio de Mulla Ghulam de la ciudad de Khanabad, provincia de Kunduz.
Una persona de nueve años que resultó herida en el ataque contó: “Estaba durmiendo cuando cayó la primera bomba [...] Nos dijeron que nos escondiéramos por si caía una segunda. Mi padre me dijo que tenía que encontrar a mi hermano pequeño. La segunda bomba mató a mi madre, mi tío, mi tía y mi hermana”.
Estos ataques forman un patrón de daño humanitario que continuó hasta los últimos momentos del conflicto, cuando un dron estadounidense mató a 10 personas, entre ellas 7 menores, en Kabul el 29 de agosto de 2021. El ejército estadounidense más tarde admitió que las personas muertas eran civiles.
Muerte de civiles en combates terrestres
El informe documenta ocho casos de ataques terrestres en los que murieron un total de 12 civiles (5 hombres, una mujer y 6 menores) y 15 resultaron heridos. Con una combinación de negligencia y desprecio de la ley, las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas, adiestradas por Estados Unidos, lanzaron frecuentes ataques de mortero que alcanzaron casas y mataron a civiles que se ocultaban.
Los combates en Kunduz fueron especialmente feroces en junio de 2021. En el barrio periférico de Zakhail, las fuerzas gubernamentales lanzaron morteros contra zonas densamente pobladas. Mientras tanto, las fuerzas talibanes ganaron terreno, utilizando escuelas y mezquitas para lanzar ataques y exigiendo comida a las familias atrapadas en sus casas.
El 22 de junio de 2021, un hombre murió y dos personas resultaron heridas durante un ataque con morteros en Zakhail. Lo más probable es que las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas lanzaran los morteros desde el Primer Distrito Policial, aproximadamente a dos kilómetros y medio del lugar de la explosión. El hombre muerto era Abdul Razaq, de 20 años, que recientemente se había comprometido en matrimonio. Los fragmentos de mortero le desgarraron la cabeza y el estómago.
Más tarde, ese mismo día y en ese mismo barrio, una niña murió y dos menores sufrieron heridas cuando un mortero —de nuevo lanzado, casi con total probabilidad por las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas— alcanzó una casa donde se escondía una familia. Un fragmento de metal alcanzó a Manizha, una niña de 12 años, en la columna vertebral: la paralizó y finalmente la mató.
Un hombre contó que los talibanes a menudo avisaban a las familias de que iba a haber combates, pero no habían recibido comunicaciones similares del gobierno. Dijo: “Los talibanes [...] dicen: ‘Esta noche vamos a combatir’, y la gente que puede permitírselo se marcha, pero la gente pobre se queda porque, si se marcha, se muere de hambre. Pero es inútil pedírselo al gobierno, porque sabemos que no va a hacer nada”.
El uso de morteros, cuya utilización en zonas pobladas es inherentemente indiscriminada, puede constituir un crimen de guerra.
Reparaciones y rendición de cuentas
Múltiples familiares de víctimas de acciones militares dijeron a Amnistía Internacional que no recibían reparación suficiente del gobierno, si es que recibían alguna.
Un hombre, cuyo hogar familiar fue destruido en un ataque aéreo, contó: “Nadie del gobierno vino después. Fuimos al distrito y les dijimos lo que había pasado. Nadie nos hizo caso. Dijeron: ‘Eso no está bien. No debería haber pasado. Compartimos su dolor’. Pero no sucedió nada”.
"Las autoridades talibanes tienen ahora la misma obligación legal de otorgar reparación que el gobierno anterior." Agnès Callamard
Amnistía Internacional pide a los talibanes y al gobierno estadounidense que cumplan con sus obligaciones internacionales y establezcan mecanismos claros y sólidos para que la población civil pida reparaciones por el daño sufrido durante el conflicto.
“Las autoridades talibanes tienen ahora la misma obligación legal de otorgar reparación que el gobierno anterior, y deben abordar seriamente todas las cuestiones relacionadas con el daño a civiles”, ha declarado Agnès Callamard.
“Las víctimas y sus familias deben recibir reparación, y todos los presuntos responsables deben rendir cuentas en juicios justos ante tribunales civiles ordinarios, sin recurrir a la pena de muerte.”
Metodología
Amnistía Internacional llevó a cabo investigación sobre el terreno en Kabul del 1 al 15 de agosto de 2021, y mantuvo entrevistas telefónicas remotas con víctimas y testigos mediante llamadas seguras de vídeo y de voz entre agosto y noviembre de 2021.
Además, realizó entrevistas cara a cara a 65 personas en Kabul, y entrevistas remotas mediante aplicaciones de móvil encriptadas a otras 36 personas de un total de 10 provincias.
El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis, de Amnistía Internacional, también examinó vídeos, fotografías e imágenes de satélite e información médica y balística, y entrevistó a personas expertas pertinentes cuando fue necesario.
