En respuesta a la decisión tomada esta semana por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), que autoriza al fiscal de la CPI a reanudar las investigaciones sobre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Afganistán, Yamini Mishra, directora regional para Asia meridional de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La decisión tomada esta semana por la Corte Penal Internacional devuelve una cierta esperanza sobre la largamente esperada justicia en Afganistán, especialmente para las víctimas de crímenes cometidos por los talibanes y la red Haqqani vinculada a ellos. El fiscal de la CPI debe aprovechar esta oportunidad para iniciar urgentemente investigaciones sobre todas las partes del conflicto”.
“En adelante, la fiscalía también debe revisar urgentemente su selectivo enfoque respecto a ciertas víctimas, a cuyos casos hasta ahora se les ha restado prioridad sobre la base aparente de que investigar a perpetradores poderosos sería más difícil o consumiría más recursos de la CPI. De hecho, las supuestas justificaciones presupuestarias ya no son válidas, puesto que el año pasado la fiscalía recibió una considerable afluencia de contribuciones voluntarias y personal adscrito, y parte de estos recursos deberían asignarse a una investigación exhaustiva sobre Afganistán.”
“La fiscalía debe reconsiderar su enfoque excesivamente selectivo que ha restado prioridad a actores poderosos, como las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas y miembros del ejército estadounidense y la CIA, con el fin de garantizar justicia a todas las víctimas del conflicto afgano.”
Información complementaria
El 20 de noviembre de 2017, la fiscalía pidió autorización para abrir una investigación sobre la situación en Afganistán, autorización que le concedió formalmente la Sala de Apelaciones de la CPI el 5 de marzo de 2020 pero que se pospuso de nuevo ese mismo mes.
El 27 de septiembre de 2021, el fiscal pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar su investigación en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma. En su declaración, el fiscal decidió centrar las investigaciones de su oficina sobre Afganistán en los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y el Estado Islámico – Provincia de Jorasán y restar prioridad a otros aspectos de esta investigación.
El 5 de octubre de 2021, Amnistía Internacional emitió una declaración pública en la que decía que el enfoque del fiscal de la CPI ponía en peligro la legitimidad de la fiscalía e instaba a que se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre Afganistán y todas las partes del conflicto.
El 31 de octubre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a reanudar una investigación sobre todos los presuntos crímenes y actores identificados por la fiscalía en su solicitud de 2017 de abrir una investigación.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos de crímenes de derecho internacional cometidos por las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas, el ejército estadounidense y los talibanes.
