“La Corte Penal Internacional (CPI) debe priorizar y acelerar que se haga justicia a las víctimas de crímenes cometidos por los talibanes, así como por otros actores en Afganistán antes de la toma del poder de 2021”, ha declarado hoy Amnistía Internacional durante la Asamblea de los Estados Partes de la Corte que se celebra anualmente que este año tiene lugar en Nueva York del 4 al 14 de diciembre.

La organización reclama que se siga avanzando en la muy demorada investigación de la CPI en Afganistán, de la que debe informar de forma pública y transparente para permitir la participación significativa de las partes interesadas locales, incluidas víctimas y sobrevivientes. En concreto, la CPI debe arrojar luz sobre sus avances y, en la medida de lo posible, los parámetros generales de los casos que está investigando.

“Desde hace casi medio siglo de conflicto, prevalece una cultura de impunidad por los crímenes de derecho internacional cometidos en Afganistán. Aunque la decisión de la CPI de reanudar las investigaciones el año pasado ofrece a miles de víctimas de crímenes de derecho internacional una esperanza real de obtener el largamente demorado acceso a justicia, verdad y reparación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que ser coherente en el cumplimiento de su compromiso aportando avances en sus investigaciones”, afirmó Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“El país sigue inmerso en una crisis y la CPI es una institución fundamental para que se haga justicia a todas las víctimas en Afganistán. Para muchas de ellas, la Corte representa la única vía concreta que existe para obtener justicia y el final de la impunidad”.

En la Asamblea de Estados Partes, Amnistía Internacional pide también a los Estados miembros del Estatuto de Roma que garanticen que la CPI cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas sobre crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como la persecución por motivos de género. Estos crímenes incluyen los cometidos contra mujeres y niñas, las comunidades chiíes de etnia hazara y otras minorías religiosas, y los perpetrados en el contexto de las guerras en Afganistán antes y después de la toma del poder por los talibanes en 2021. Es crucial que, dadas las significativas dificultades de investigar en Afganistán, los Estados miembros se comprometan a reforzar su cooperación con la investigación sobre este país de la CPI.

Además, la CPI debe recibir suficientes recursos económicos y técnicos para permitir que las víctimas afganas hagan realidad de forma significativa y efectiva sus derechos en la Corte.

Aunque la CPI es fundamental para garantizar la rendición de cuentas en Afganistán, son esenciales esfuerzos complementarios como la recogida y preservación de pruebas para procesos futuros de rendición de cuentas y enjuiciamientos en Afganistán. Los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en concreto, deben apoyar estos esfuerzos complementarios ejerciendo la jurisdicción universal y respaldando el establecimiento de un mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La decisión de la Fiscalía en 2021 de restar prioridad a las investigaciones sobre crímenes presuntamente cometidos por el ejército de Estados Unidos y la CIA, así como por las antiguas Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas, fue recibida con críticas severas. Esta decisión de la Fiscalía podría contribuir a la percepción de que hay un sistema selectivo de justicia internacional en el que se da prioridad a los intereses de Estados poderosos en detrimento de los intereses de la justicia para las víctimas de crímenes de derecho internacional.

“Amnistía Internacional sigue pidiendo que se reconsidere la decisión de la Fiscalía de 2021 de restar prioridad a las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y las antiguas fuerzas nacionales afganas. Esta decisión sigue siendo una mancha en el historial de la justicia internacional. Ninguna justificación para “restar prioridad” es aceptable. Ninguna víctima merece menos justicia que otras”, concluyó Smriti Singh.

“La población de Afganistán merece que se ponga fin a la impunidad y una vía a la justicia, la verdad y la reparación”.

Afganistán estuvo sometido públicamente a un examen preliminar de la CPI desde 2007 hasta 2017.

En 2023, Amnistía Internacional documentó las restricciones discriminatorias impuestas por los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas desde que tomaron el poder en 2021 que, junto con el uso por los talibanes de la violencia y los abusos sistemáticos, podrían constituir el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. También documentó los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por los talibanes en el contexto del conflicto armado con el Frente Nacional de Resistencia en la provincia de Panjshir, que incluye el crimen de guerra del castigo colectivo contra residentes de dicha provincia. La organización ha documentado a lo largo de muchos años varios casos de crímenes de derecho internacional cometidos por las Fuerzas Nacionales Afganas, el ejército de Estados Unidos y los talibanes.