Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de que las víctimas del conflicto de Afganistán tengan voz en las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, y de que se atiendan sus reivindicaciones de justicia.

En referencia a las mencionadas conversaciones, que se celebrarán en Doha (Qatar), la organización de derechos humanos ha pedido tanto a los equipos negociadores como al país anfitrión que incluyan las voces de las víctimas y que garanticen una verdadera participación de las mujeres en ellas, para que sus derechos sean respetados en el acuerdo resultante.

“Nadie desea más la paz que la ciudadanía afgana, que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo a causa del conflicto. Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos. La participación de las víctimas es una salvaguardia esencial para garantizar que sus voces sean oídas", ha declarado David Griffiths, director de la oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional.

“La paz no puede ser sólo el cese de hostilidades. Para que la población afgana rompa con su doloroso pasado y las heridas cicatricen, las víctimas deben tener acceso a la justicia, y los responsables de delitos tienen que rendir cuentas. Si no se abordan las graves violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes, no sólo se traicionará a las víctimas, sino que persistirá la amenaza de un nuevo conflicto.”

Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido tanto a los equipos negociadores como a las partes en el conflicto —y, en particular, al gobierno de Afganistán—, que impidan cualquier retroceso en relación con las conquistas de derechos humanos alcanzadas durante los últimos 20 años, y que los posibles acuerdos formalizados tengan como eje los derechos de la población afgana y, en especial, de las mujeres. Con respecto a los derechos las mujeres, el objetivo debe ser consolidar y fortalecer su capacidad para ejercer plenamente sus derechos humanos.

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Las conversaciones empiezan pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya sancionado a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, porque su oficina está investigando los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto.

Desde que Afganistán se convirtió en Estado Parte en el Estatuo de Roma, en 2003, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han venido documentando violaciones graves de derechos humanos contra la población civil afgana, incluidos torturas, desapariciones, homicidios selectivos y ataques deliberados contra civiles en crímenes de guerra. Como las autoridades afganas no investigaban seriamente esos delitos, la Corte Penal Internacional ha intervenido como “tribunal de última instancia”.

Las sanciones referidas llegan poco después de la polémica liberación, por parte del gobierno afgano, de presos talibanes acusados —con fundamento— de violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. La ausencia de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos —y, en particular, crímenes de guerra y de lesa humanidad—, reduce aún más las perspectivas de justicia para las víctimas.

“Al imponer esas inadmisibles sanciones a la fiscal de la CPI, el gobierno de Trump intenta de nuevo castigar a quienes buscan justicia por los delitos de derecho internacional cometidos en Afganistán. Con su actuación, Estados Unidos ha decidido proteger a los responsables de delitos frente a la rendición de cuentas y abandonar a las víctimas”, ha declarado David Griffiths.

“Los equipos negociadores del gobierno afgano y de los talibanes deben dejar de amparar a los perpetradores, apoyar la investigación de la CPI y comprometerse a garantizar justicia, dentro del país, a todas las víctimas de decenios de atrocidades. Si realmente quieren llevar la paz a Afganistán, deben demostrar que no tienen miedo de impartir justicia.”

Preservar las conquistas de derechos humanos

Las conversaciones de paz deben comprometerse también a preservar y fortalecer los avances que ha experimentado Afganistán durante los últimos 20 años en materia de derechos humanos.

En particular, el acuerdo de paz deberá ajustarse a las obligaciones internacionales de Afganistán y, por tanto, defender la celebración de juicios justos y los derechos de las mujeres y las niñas, de los menores de edad, de las minorías religiosas y étnicas, de los periodistas y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

De momento, los talibanes no se han comprometido de manera explícita y creíble con los derechos humanos consagrados en la Constitución de Afganistán ni con el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye los derechos al trabajo, a la educación, a la libertad de circulación, a la libertad de religión o credo y a la libertad de expresión.

“No se puede soslayar el hecho de que las autoridades afganas han incumplido sus propios compromisos de derechos humanos, pero tampoco se puede negar que se han dado grandes e importantes pasos durante los últimos 20 años en lo que se refiere a las libertades de las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y étnicas, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos, de igual forma que se ha avanzado en lo relativo al derecho a la educación. Pese a las graves amenazas a su seguridad, la población afgana ha ejercido sus derechos civiles y políticos. Es preciso consolidar estos logros, y no comerciar con ellos”, ha afirmado David Griffiths.