• La población civil, objeto de tortura y homicidios ilegítimos; las personas detenidas, sometidas a ejecuciones extrajudiciales.


• Detenciones y reclusiones arbitrarias en masa destinadas a intimidar a la población local.


• “Miles de personas se están viendo arrastradas por la continuada opresión talibán.” - Agnès Callamard

Los talibanes han cometido el crimen de guerra de castigo colectivo contra la población civil de la provincia afgana de Panjshir. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

El informe, titulado ‘Your Sons Are In The Mountains’: The Collective Punishment of Civilians in Panjshir by the Taliban, documenta graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, y detención y reclusión en masa.

Después de que los talibanes se hicieran con el control de Afganistán en agosto de 2021, los miembros de las fuerzas de seguridad del antiguo gobierno afgano huyeron a Panjshir con equipo y armas, y se unieron al Frente de Resistencia Nacional. En respuesta, los talibanes han tomado represalias contra los combatientes capturados, y han atacado a la población civil de Panjshir para obligarla a someterse y cumplir sus órdenes.

“En Panjshir, la cruel táctica talibán de atacar a civiles por sospecharse su afiliación al Frente de Resistencia Nacional está causando un sufrimiento y un miedo generalizados”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La lista de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por los talibanes en Panjshir es muy larga: ejecuciones extrajudiciales, tortura, toma de rehenes, detención ilegítima e incendio de casas civiles. Cada acto individual es abominable, y esta conducta en conjunto constituye castigo colectivo: un crimen de guerra en sí mismo.”

“Miles de personas se están viendo arrastradas por la continuada opresión talibán, que tiene la clara intención de intimidar y castigar. Los ataques deliberados de los talibanes contra civiles deben cesar de inmediato.”

Durante la actual represión, los talibanes han llevado a cabo detenciones arbitrarias de poblados enteros, en las que han detenido sin cargos a todos los hombres adultos y muchachos de mayor edad y los han sometido a palizas y otros abusos. También han impuesto el único toque de queda nocturno de todo Afganistán, han confiscado casas civiles y han restringido el acceso de los pastores a sus tierras de pasto tradicionales.

Aunque muchas de las acciones emprendidas por las fuerzas talibanes constituyen por sí solas crímenes de guerra, la totalidad de esas acciones —sumada a las detenciones arbitrarias y las restricciones impuestas a la población civil— constituyen también el crimen de guerra de castigo colectivo.

Amnistía Internacional pide a las autoridades talibanes que investiguen los casos documentados y que celebren juicios justos ante tribunales ordinarios cuando esté justificado. No obstante, puesto que los talibanes no han podido ni han querido llevar a cabo investigaciones auténticas ni hacer que los miembros de sus fuerzas rindan cuentas en juicios justos, Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que cree un mecanismo imparcial e independiente de rendición de cuentas que se centre en preservar las pruebas para los futuros procesos relacionados con la justicia, tanto los procesamientos como la presentación pública de informes y el seguimiento.

Ejecuciones extrajudiciales masivas

El informe documenta varios casos de ejecuciones extrajudiciales masivas de combatientes del Frente de Resistencia Nacional cometidas por los talibanes. En un caso, en septiembre de 2022, al menos seis personas —y posiblemente nueve— fueron ejecutadas en la ladera de una montaña cerca de Darea Hazara, que forma parte del poblado de Pochava, en el distrito de Darah.

El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional analizó y verificó cinco vídeos en los que se muestran partes del proceso de ejecución. El primer vídeo muestra a miembros de los talibanes escoltando a seis hombres con las manos atadas a la espalda subiendo una empinada ladera. Las personas entrevistadas identificaron a los seis como combatientes del Frente de Resistencia Nacional capturados: Mohammad-u Din, Ishaq, Daniyar, Modir Ahmad, Amir Hatam y Mohammad Yar.

En los vídeos subsiguientes, los detenidos aparecen con los ojos vendados, y detrás de ellos, ladera arriba, hay talibanes posicionados. Los vídeos muestran a varios talibanes disparando sus armas durante 19 segundos: matan a cinco hombres y hacen que varios de sus cuerpos caigan ladera abajo. Los que disparan son al menos cinco hombres, que utilizan una combinación de rifles de cerrojo y kalashnikovs totalmente automáticos, por lo que resulta difícil determinar el número exacto de disparos realizados.

Basándose en la dirección del sol y las sombras en los vídeos, los homicidios probablemente tuvieron lugar poco después de la salida del sol, que se produce a las cinco y media de la madrugada. Aunque en el vídeo se ve claramente cómo disparan y matan a cinco hombres, un testigo contó a Amnistía Internacional que en aquella ejecución masiva murieron nueve personas. Los testigos dijeron posteriormente que los nombres de las otras tres víctimas eran Feroz, Torabaz y Shah Faisal.

Detención ilegítima, tortura y otros malos tratos

En al menos tres casos, los talibanes torturaron hasta la muerte a civiles a los que habían detenido en los distritos de Bazarak y Rokha, en la provincia de Panjshir. Los hombres eran agricultores y ganaderos que actuaban según las normas tradicionales que permitían enviar a los animales a las montañas en verano. Creían que tenían permiso de las autoridades talibanes locales para acceder a las zonas dispuestas para ello.

Dos de las víctimas, Noor Mohammad y Ghulam Ishan, eran residentes del distrito de Darah, y fueron torturados en el distrito de Rokha mientras buscaban su ganado en octubre de 2022. El tercer hombre, Abdull Muneer Amini, fue detenido en el distrito en el que vivía, Bazarak, en junio de 2022. Los vídeos y las fotos tomadas tras recuperarse sus cadáveres fueron publicadas en las redes sociales y enviadas en privado a Amnistía Internacional. Los tres cadáveres mostraban amplias señales de tortura, entre ellas grandes contusiones probablemente causadas por fuertes golpes, según el análisis de un patólogo forense consultado por Amnistía Internacional.

Los talibanes también han detenido y recluido en reiteradas ocasiones a hombres y muchachos de más edad civiles por sospechar que estaban afiliados al Frente de Resistencia Nacional. Se ha detenido a hasta 200 personas de una sola vez. Estas detenciones tuvieron lugar sobre todo en los distritos de Darah, Abshar y Khenj entre mayo y agosto de 2022, unas durante detenciones masivas en todo un poblado en algunos lugares, y otras en hogares específicos en los que vivían familias de cuyos miembros los talibanes sospechaban que se habían unido al Frente de Resistencia Nacional.

La detención de miembros de una familia para inducir a los combatientes a rendirse constituye toma de rehenes, y es un crimen de guerra. Los detenidos permanecieron bajo custodia de los talibanes durante distintos periodos de tiempo, que iban desde horas hasta meses.

En un caso, en el distrito de Darah, un hombre dijo que los talibanes habían detenido a su padre en su poblado en junio de 2022, en un intento de encontrar al hombre en cuestión y a sus hermanos, de quienes los talibanes sospechaban que se habían unido al Frente de Resistencia Nacional.

El hombre dijo a Amnistía Internacional: “[Los talibanes] se llevaron a mi padre a la una de la tarde [...] Lo llevaron a la mezquita, y allí le quitaron la venda de los ojos [...] Le hicieron sentarse en un colchón [...] Allí empezaron a preguntarle: ‘¿Dónde están tus hijos? Se dice que tus hijos están en las montañas’.”

La detención de familiares de sospechosos de ser combatientes del Frente de Resistencia Nacional, la detención y reclusión masiva de civiles y la tortura y los homicidios ilegítimos de los pastores son ejemplos de la campaña talibán de castigo colectivo contra civiles en Panjshir. Otras tácticas de intimidación talibanas documentadas en el informe incluyen la destrucción y la confiscación a largo plazo de bienes civiles, y las restricciones a la circulación de civiles.

Necesidad de rendición de cuentas

La población de Afganistán ha soportado crímenes de derecho internacional y otros graves abusos y violaciones de derechos humanos sin que apenas se rindan cuentas, tanto antes como después de agosto de 2021. La falta de una infraestructura interna creíble de rendición de cuentas significa que las pruebas de esos crímenes corren grave peligro de desaparecer o ser destruidas.

Amnistía Internacional pide de nuevo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca un mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas para Afganistán, con el mandato de vigilar la situación e informar públicamente sobre ella, y de recopilar y conservar pruebas para una justicia internacional futura. Amnistía Internacional pide también que se dote de plenos recursos al mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, y que los Estados miembros de la ONU y la Corte Penal Internacional utilicen esas pruebas para llevar a cabo investigaciones completas sobre todas las partes del conflicto.

“Quienes han sufrido atrocidades en Panjshir, y de hecho todas las víctimas de crímenes de los talibanes cometidos en Afganistán, merecen que se ponga fin a la impunidad y se abra una vía clara a la justicia, la verdad y la reparación”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Es fundamental que se cree un mecanismo internacional e independiente de rendición de cuentas, centrado en la recopilación y conservación de pruebas para hacer que todos los sospechosos de ser penalmente responsables respondan de sus actos.”

Metodología

Para el informe, Amnistía Internacional entrevistó a 29 personas de Panjshir. En todos los casos, las personas entrevistadas pidieron que no se utilizaran sus nombres, pues temían represalias de los talibanes.

Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones basadas en fuentes de acceso público del material disponible en las redes sociales, y analizó 61 fotos y vídeos, de los que algunos se habían publicado online y otros habían sido proporcionados en privado por testigos utilizando vías de transferencia seguras. Muchos de los vídeos fueron filmados probablemente por miembros de los talibanes.

El 25 de mayo de 2023, Amnistía Internacional pidió una respuesta oficial a los talibanes sobre los casos documentados en el informe. En el momento de la publicación, los talibanes no habían respondido.

FIN

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