“El gobierno afgano y la comunidad internacional deben intensificar con urgencia sus esfuerzos para ayudar a los cuatro millones de personas internamente desplazadas del país a las que se ha dejado gravemente expuestas durante la pandemia de COVID-19”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

El informe, titulado “We survived the virus, but may not survive the hunger”: The impact of COVID-19 on Afghanistan’s internally displaced, detalla cómo, debido a la pandemia, una situación que ya era atroz para estas personas se haya hecho aún más precaria. Las personas internamente desplazadas, que viven en condiciones de hacinamiento, con acceso insuficiente al agua, saneamiento y centros de salud, tienen pocos medios o ninguno para protegerse y no contraer y contagiar la COVID-19 y para recuperarse de ella.

El informe aborda también el catastrófico impacto de la pandemia en los medios de subsistencia, los derechos de las mujeres y la inseguridad alimentaria en los campos para personas internamente desplazadas, así como la insuficiencia actual de la ayuda humanitaria dirigida a estas personas.

“Los cuatro millones de personas internamente desplazadas de Afganistán viven en las condiciones idóneas para que se transmita con rapidez un virus como el de la COVID-19. Los campos están superpoblados y carecen de condiciones higiénicas e incluso de las instalaciones médicas más básicas. Pese a esta combinación mortal, las personas internamente desplazadas han recibido poca ayuda para mitigar su situación”, ha declarado Samira Hamidi, directora adjunta regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.

“Con el aumento diario del número de personas desplazadas debido al conflicto en curso y el peligro de otra ola de infecciones de COVID aún presente, el gobierno afgano y la comunidad internacional deben tomar más medidas para proteger a esta población”.

Amnistía Internacional pide al gobierno afgano y a la comunidad internacional que cumplan sus obligaciones para con las personas internamente desplazadas contraídas en virtud del derecho internacional y asignen fondos y recursos específicos para que esta población cubra su necesidad urgente de acceder a alojamiento, alimentos, agua, saneamiento y servicios de salud adecuados.

Acceso a alojamiento, agua y centros de salud adecuados

Amnistía Internacional habló con personas internamente desplazadas en asentamientos de Kabul, Herat y Nangarhar, en cada uno de los cuales residen más de 1.000 familias. En chozas hechas con barro, palos y plásticos que albergan hasta a diez personas en apenas una o dos habitaciones, no pueden guardar la distancia física ni ponerse en cuarentena.

No se les han proporcionado servicios básicos como acceso a agua y saneamiento, por lo que no pueden mantener la higiene necesaria para prevenir la propagación del coronavirus. Las personas desplazadas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de agua las obligaba a recorrer largas distancias para obtenerla.

No se les ha dado acceso a instalaciones médicas adecuadas en los campos y no tienen recursos para ir a un hospital o pagar los gastos del tratamiento. Quienes hablaron con Amnistía Internacional dijeron que tampoco habían recibido equipos de protección individual como mascarillas o desinfectante, ni se ha difundido información alguna para sensibilizar sobre la COVID-19.

Una mujer de 45 años que vive en un campo en Nangarhar dijo: “La mayoría de las familias tenían síntomas de coronavirus, pero no se pudieron hacer ninguna prueba para averiguar si estaban afectadas o no. Al menos siete personas que se cree que contrajeron el coronavirus murieron en el asentamiento, pero tampoco pudimos verificarlo debido a la falta de pruebas y de acceso a centros sanitarios”.

Impacto en los medios de subsistencia y en los derechos de las mujeres

Dado que las normas sobre la COVID-19 limitan el derecho de las mujeres a desplazarse sin un acompañante varón, la pandemia ha hecho que las mujeres dependan de sus familiares varones para acceder a alimentos y otros productos básicos cotidianos, así como para poder acceder a servicios de salud. La pandemia también ha expuesto a las mujeres a un mayor riesgo de violencia de género en el ámbito familiar y ha limitado su acceso a servicios de protección.

Según las personas desplazadas internamente entrevistadas por Amnistía Internacional, durante el confinamiento no ha habido ninguna ayuda específica para mujeres o niños y niñas ni de organismos gubernamentales ni de organizaciones humanitarias internacionales.

Las medidas de confinamiento afectaban de forma desproporcionada a las posibilidades de empleo de las personas internamente desplazadas, que en su mayoría trabajan a cambio de salarios diarios en empleos informales. Además de la pérdida de ingresos, estas medidas tienen como consecuencia una subida considerable del precio de productos alimenticios básicos. Las personas desplazadas dijeron que no habían recibido ninguna ayuda alimentaria o que ésta había sido totalmente insuficiente para ayudarlas a sobrevivir a la crisis.

En Nangarhar, una de ellas dijo: “Vivimos sin nada, la verdad: no tenemos trabajo, no tenemos dinero y no tenemos ningún sitio donde vivir. Lo único que quiero del gobierno afgano y la comunidad internacional es que nos ayuden a regresar a nuestros propios pueblos, que nos ayuden a reconstruir nuestra vida y a vivir con dignidad”.

“La COVID-19 representó sin duda un enorme desafío para el gobierno afgano. Aunque de forma no intencionada, las medidas encaminadas a abordar la pandemia han tenido un impacto desproporcionadamente perjudicial en las personas internamente desplazadas, el grupo más vulnerable del país. Hacen falta recursos especializados y un mayor apoyo de la comunidad internacional para mitigar el impacto en la mayor medida posible”, concluyó Samira Hamidi.

Información complementaria

La intensificación del conflicto en Afganistán el último año ha provocado un aumento del número de personas desplazadas y se registran miles de nuevos casos cada semana. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en 2020 fueron desplazadas alrededor de 327.000 personas, el 80% de las cuales eran mujeres y menores de edad.

El Plan de Respuesta Humanitaria para Afganistán, que preveía condiciones de vida mucho mejores para la población afgana en 2021, sigue contando con muchos menos recursos de los necesarios y a 24 de julio de 2020 contaba únicamente con el 23% de los fondos necesarios. Esta falta de financiación tiene su reflejo en la Política Nacional sobre Personas Internamente Desplazadas, que necesita con urgencia 396 millones de dólares estadounidenses para responder a la situación de estas personas y la de los trabajadores y trabajadoras migrantes que regresan desde Pakistán e Irán.

El Ministerio para Personas Refugiadas y Repatriación ha llevado a cabo algunas campañas de sensibilización sobre salud pública y ha repartido jabón, pero Amnistía Internacional concluyó que, aparentemente, estas campañas no han llegado a la población internamente refugiada que vive en los asentamientos de las provincias.