“Desde que tomaron el control de Afganistán hace un año, los talibanes dirigen un ataque sostenido contra los derechos humanos persiguiendo a grupos minoritarios, reprimiendo violentamente protestas pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y usando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

 El informe, titulado The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises, documenta violaciones flagrantes de los derechos humanos perpetradas durante un año de régimen talibán y revela la impunidad generalizada por crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes. Éstos habían prometido inicialmente respetar los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, y una amnistía para funcionarios del gobierno.

“Hace un año, los talibanes se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materia de estos derechos es impresionante. Toda esperanza de cambio se ha desvanecido mientras los talibanes tratan de gobernar mediante la represión violenta con total impunidad”, afirmó Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones sumarias han vuelto y están a la orden del día. Las mujeres y las niñas, a quienes se ha despojado de sus derechos, afrontan un futuro sombrío, privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública”.

Amnistía Internacional pide a los talibanes que dejen inmediatamente de cometer violaciones flagrantes de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Como autoridades de facto de Afganistán, los talibanes deben restablecer, proteger y promover con carácter urgente los derechos del pueblo afgano.

“Para impedir que la crisis de derechos humanos de Afganistán siga escalando, la comunidad internacional debe tomar medidas significativas para que los talibanes rindan cuentas de estos crímenes”, añadió Yamini Mishra.

Libertad de expresión y de reunión

La investigación de Amnistía Internacional detalla el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad de los talibanes cuando tratan de imponer la prohibición de las protestas pacíficas. En varias grandes ciudades, las fuerzas de seguridad dispersaron protestas pacíficas golpeando y disparando a manifestantes desarmados.

Un manifestante de la provincia de Herat habló con Amnistía Internacional sobre las lesiones que infligían las fuerzas de seguridad: “Vi a un hombre tirado sobre un charco de sangre en una zanja en la calle; creo que lo habían matado [...] Yo tenía la mano rota, pero no fui al hospital por miedo a que me detuvieran por participar en las protestas”.

La represión por los talibanes de la libertad de expresión está dirigida contra las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, muchas de los cuales han sido objeto de hostigamiento, amenazas, detención e incluso asesinato como resultado directo de su trabajo de derechos humanos.

La libertad de prensa también es objeto de ataque. El 19 de septiembre de 2021, el Centro Gubernamental de Medios de Comunicación e Información (GMIC) dictó una orden de redacción poco precisa que prohibía a los periodistas publicar historias “contrarias al islam” o que “insulten a figuras nacionales”.

El año pasado, más de 80 periodistas fueron detenidos y torturados por informar sobre protestas pacíficas. Uno de ellos contó a Amnistía Internacional: “Me pegaron y azotaron tanto en las piernas que no podía ponerme de pie [...] Mi familia firmó un documento prometiendo que yo no hablaría sobre lo que me había pasado una vez que saliera en libertad; si lo hacía, los talibanes tendrían derecho a detener a toda mi familia”.

Detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos

Desde agosto de 2021, se han recibido informes generalizados sobre soldados talibanes que golpean y torturan a personas por considerar que han infringido edictos talibanes o a las que acusan de trabajar con el gobierno anterior.

Cientos de personas civiles han sido detenidas arbitrariamente. A muchas las golpean con culatas de fusiles o las azotan durante el arresto. Sahiba* (nombre ficticio), manifestante, contó a Amnistía Internacional que cuando los talibanes terminaron con ella tenía el cuerpo lleno de hematomas.

“No hubo tribunal, no hubo cargos y no hubo garantías procesales; nos secuestraron en las calles, nos tuvieron en una cárcel privada varios días, durante los cuales no tuvimos acceso a nuestra familia, abogado ni a ninguna otra autoridad [...] Algunas de las mujeres y niñas que estaban en la misma habitación que yo nunca volvieron y ninguna de nosotras supo qué les había pasado”, dijo.

Homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas

Asesinatos de represalia, ejecuciones sumarias de presuntos combatientes de la resistencia y otros delitos supuestamente cometidos desde la toma del poder por los talibanes podrían constituir crímenes de guerra.

Ha habido cientos de homicidios extrajudiciales y se han encontrado cuerpos con heridas de bala o señales de tortura. Decenas de personas han desaparecido y siguen en paradero desconocido debido a su trabajo con el gobierno anterior o por su presunta participación en la resistencia contra los talibanes.

Torab Kakar, de 34 años, dijo a Amnistía Internacional que, a pesar de haber obtenido una “carta de indulto” de los talibanes, a su amigo Jalal, que había pertenecido a las Fuerzas de Seguridad y de Defensa Nacionales Afganas (ANDSF), los talibanes se lo habían llevado a un lugar no revelado.

“Los talibanes le ataron las manos a la espalda, le vendaron los ojos y estuvieron pegándole mientras su esposa y sus hijos, padres, y hermanos y hermanas menores lloraban y gritaban”. Cuando la familia de Jalal lo buscó, el jefe local de los servicios de inteligencia los amenazó y les advirtió que dejaran de buscar.

Persecución de minorías étnicas y religiosas

Pocas semanas después de que los talibanes tomaran el poder, llegaron denuncias sobre personas afganas no pastunes desalojadas forzosamente de sus casas y tierras para que los talibanes pudieran premiar a sus seguidores con tierras arrebatadas a otros grupos étnicos, concretamente el hazara, el turcomano y el uzbeko.

Se han denunciado desalojos en todo el país, entre otros lugares, en las provincias de Balkh, Helmand, Daikundi, Kandahar y Uruzgan, lo que ha contribuido a aumentar el número ya enorme de personas internamente desplazadas. En junio de 2022, la ONU calculaba que la cifra de personas afganas desplazadas había aumentado a más de 820.000.

El 30 de agosto de 2021, los talibanes mataron ilegítimamente a 13 personas de etnia hazara, entre ellas, una joven de 17 años, en la provincia de Daikundi. Según el testimonio de testigos presenciales recogido por Amnistía Internacional, los talibanes ejecutaron de manera extrajudicial a 9 exmiembros de las ANDSF que ya se habían rendido, con lo que estos homicidios parecen ser crímenes de guerra.

Restricciones impuestas a las mujeres y las niñas

Desde que tomaron el poder, los talibanes someten a las mujeres a una violencia creciente. En ocasiones, esta violencia es una forma de castigar a sus familiares.

Dos talibanes armados que iban en una motocicleta mataron a tiros a Lida, esposa de un exmiembro de las fuerzas de seguridad afganas. Además de la mujer, de 22 años y embarazada de 8 meses, murieron sus dos hijos de 2 y 4 años.

Decenas de mujeres han sido detenidas y torturadas por participar en protestas pacíficas para exigir sus derechos, en medio de restricciones crecientes que les han despojado de sus libertades.

Los talibanes han restringido el derecho a la educación, oscureciendo el futuro de millones de niñas afganas. Cuando, el 17 de septiembre de 2021, reabrieron las escuelas de secundaria, los talibanes prohibieron la asistencia a las niñas que cursaban grados superiores al 6º afirmando que era una situación temporal mientras contrataban a más maestras y garantizaban que había condiciones “apropiadas” para la educación segregada por género. Hasta la fecha, no se ha implementado ninguno de estos planes.

Meena* (nombre ficticio), profesora de 29 años de Kabul, habló con Amnistía Internacional de su desesperación por el futuro de su hija: “[…] Estamos repitiendo la historia [...] Miro mi uniforme, recordando los días de escuela, estudiantes y docentes, pero no tengo más elección que quedarme en casa”.

“No debemos quedarnos de brazos cruzados, mirando mientras colapsan los derechos humanos de toda una población. Una respuesta internacional firme, significativa y unida es la única esperanza de poner fin a la pesadilla que el pueblo afgano soporta desde hace ya un año”, dijo