“Las autoridades de toda el África austral deben tomar medidas inmediatas para proteger los derechos de las niñas a la salud, la información, la educación, la igualdad y a vivir sin sufrir violencia de género y discriminación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional mientras continúan desarrollándose en el mundo los 16 días de activismo contra la violencia de género.. El número creciente de abusos sexuales en la región, junto con el cierre de servicios de salud esenciales y de escuelas durante la pandemia, ha hecho que miles de niñas se hayan quedado embarazadas a una edad temprana, algunas con tan sólo 9 o 10 años.

Las restrictivas medidas de confinamiento aplicadas por los gobiernos de toda el África austral para frenar la propagación de la COVID-19 han contribuido al impactante aumento de la violencia sexual y de género que ha convertido algunos hogares en jaulas de violencia y abusos. El acceso a servicios de protección y apoyo para las sobrevivientes, así como a información y servicios de salud sexual y reproductiva, fueron limitados en toda la región. Los riesgos de las niñas se vieron agravados por cierres periódicos de colegios y desembocaron en un aumento de embarazos precoces no deseados.

Los confinamientos aplicados estrictamente han dado lugar a escandalosos niveles de violencia de género en toda el África austral, incluido un terrible aumento de los abusos sexuales contra niñas, algunas de tan sólo nueve años. Aunque estas medidas restrictivas estaban encaminadas a frenar la propagación de la COVID-19, en su planificación no se tuvieron en cuenta los servicios de apoyo para mujeres y niñas que son objeto de violencia y abusos. Las medidas para contener la COVID-19 han exacerbado y hecho más visible la violencia sexual contra las mujeres y especialmente las niñas, que es otra pandemia que afecta a la región, y han provocado el aumento de los embarazos no deseados.

Muchas sobrevivientes de la violencia sexual y de género en el África austral han quedado sin protección ni apoyo debido a la incapacidad de sus gobiernos de dar prioridad al acceso a servicios e información fundamentales. Los perpetradores de violencia sexual y de género, mientras tanto, rara vez son enjuiciados a pesar de los esfuerzos regionales para garantizar unas leyes adecuadas. Las autoridades de la región deben abordar con urgencia esta crisis proporcionando servicios gratuitos de salud materna, incluidos los de atención prenatal y la asistencia cualificada durante el parto, y garantizar que las niñas embarazadas pueden continuar su educación. Las autoridades deben asimismo tomar medidas inmediatas para prevenir la violencia sexual y de género y garantizar que las sobrevivientes tienen acceso a protección, apoyo, justicia y recursos también durante la pandemia.

IMPACTANTE AUMENTO DE EMBARAZOS PRECOCES

A lo largo de 2020 y 2021, Botsuana, Namibia, Lesoto, Malawi, Madagascar, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue registraron un fuerte aumento de casos de violencia sexual y de género, lo que ha contribuido al aumento de los embarazos entre niñas de corta edad y adolescentes.

En Sudáfrica, más de 600 niñas de entre 9 y 10 años dieron a luz durante el mismo periodo, y nacieron más de 34.000 bebés de niñas de 17 años o menores.

En Zimbabue, casi 5.000 niñas de 17 años o menores se quedaron embarazadas entre enero y febrero de 2021 y 1.774 niñas se casaron antes de cumplir 18 años. En julio de 2021, Anna Machaya, una niña de 14 años, murió durante el parto en una iglesia de la provincia de Manicaland. Tras su muerte, la indignación pública desembocó en la detención de su marido y de su padre, acusados de violación y obstrucción a la justicia, respectivamente.

En el primer semestre de 2021, el Servicio de Policía de Zambia registró 4.000 casos de violencia de género, de los que 804 eran delitos sexuales, la mayoría de los cuales se cometieron contra niñas. En 2020, Botsuana registró un aumento de los casos de violencia sexual en comparación con 2019: se tuvo noticia de la cifra récord de 1.825, que incluía los que afectaban a niñas.

En Mozambique, entre 2020 y 2021, se quedaron embarazadas el 14% de niñas menores de 15 años.

FALTA DE ACCESO A INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Además, el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y, en concreto, a anticoncepción de emergencia y a un aborto sin riesgos —ya escaso antes de la pandemia— se redujo enormemente. En ciertos países de la región, como Zimbabue y Botsuana, los servicios de salud sexual y reproductiva fueron los primeros que sufrieron recortes cuando el Estado redirigió los recursos a intervenciones relativas a la COVID-19. En estas situaciones, muchas niñas se enfrentan a múltiples dificultades para acceder a la asistencia necesaria tanto para pedir protección frente a la violencia sexual como para gestionar las consecuencias de ésta y prevenir embarazos no deseados, lo que constituye un elevado riesgo para su salud física y mental, pues rara vez disponen de este tipo de atención de emergencia. El acceso a información, servicios y productos de salud sexual y reproductiva era también limitado y la falta de acceso a una educación sexual integral es motivo de preocupación en toda la región.

Amnistía Internacional pide a los líderes y las lideresas, y a los Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) que garanticen urgentemente que se respetan y protegen los derechos de las adolescentes y las niñas de corta edad, incluidos los relativos a la salud, la información, la educación, la igualdad y a vivir sin violencia de género y sin discriminación. A tal fin, las autoridades deben garantizar, como parte de su respuesta nacional a la COVID-19 y de las reformas políticas futuras, que:

Se protege a todos los niños y niñas de la explotación y los abusos sexuales.

Las mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de la violencia de género tienen acceso oportuno y adecuado a mecanismos de denuncia confidenciales, servicios de protección y apoyo, asesoramiento y atención psicológicos, así como a la justicia y a una reparación.

Las adolescentes tienen acceso a información, servicios y productos esenciales de salud sexual y reproductiva, como métodos anticonceptivos modernos, para prevenir embarazos precoces o no deseados y el VIH y las enfermedades de transmisión sexual.

El desarrollo de programas de educación sexual integral —adecuados a cada edad, con base empírica, que tengan una perspectiva de género y estén basados en los derechos humanos— y su implementación dentro del currículo de todas las escuelas y comunidades para permitir que niños, niñas y adolescentes de ambos géneros tomen decisiones informadas y significativas sobre su sexualidad y su salud, que incluyan información que ayude a prevenir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo precoz o no deseado, y habilidades para la vida que les permitan detectar y prevenir la violencia de género.

Las niñas embarazadas pueden recibir toda la atención y el apoyo necesarios para continuar con su vida al mismo tiempo que ejercen todos sus derechos sin coacción ni discriminación, tales como servicios gratuitos de salud materna, incluidas la atención prenatal y la asistencia cualificada durante el parto, apoyo psicosocial y económico, y el acceso continuo a la educación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Antes de la pandemia de COVID-19, los países del África subsahariana tenían la tasa más elevada de partos de adolescentes. Para frenar la propagación del virus, muchos países africanos recurrieron a confinamientos prolongados que provocaron el cierre de servicios de salud esenciales y de las escuelas, lo que también limitó el acceso de las niñas a espacios seguros, y a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, y a una educación sexual integral. Esta combinación de factores en el África austral, donde la desigualdad de género impregna el tejido cultural de la sociedad, exacerbó la violencia sexual y de género, lo que contribuyó al aumento de los embarazados entre adolescentes y niñas de corta edad.

Las condiciones socioeconómicas y algunas prácticas culturales constituyen importantes barreras para las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia de género, sobre todo para denunciar los crímenes y buscar justicia y protección. Durante la pandemia de COVID-19, aparte de actitudes sociales enraizadas en las normas patriarcales y estereotipos de género perjudiciales, el acceso limitado a apoyo jurídico y a una aplicación de la ley adecuada reforzaron la sensación de impunidad entre los perpetradores, lo que desembocó en el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional que comenzó en 1991 y se lleva a cabo cada año entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.