La organización pide a los gobiernos que establezcan urgentemente medidas de protección social para que se respete el derecho a la alimentación. Las medidas para abordar la inseguridad alimentaria podrían incluir subsidios de alimentos para quienes viven en la pobreza y la entrega directa de alimentos a quienes no puedan abastecerse por sí mismos.
“Debido a las elevadas tasas de desigualdad y desempleo imperantes en todo el África austral, la mayoría de la población vive al día, lo que significa que no puede permitirse quedarse confinada una semana, mucho menos un mes, porque no tiene medios económicos para hacer acopio de provisiones”, dijo Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.
“Sin la ayuda del gobierno, el confinamiento podría convertirse en un asunto de vida o muerte para quienes viven en la pobreza. En la actualidad, muchas personas se ven obligadas a elegir entre cumplir las medidas de confinamiento y pasar hambre o salir para obtener a comida y ser penalizadas por ello”.
La inmensa mayoría de la población de la región subsiste en la economía informal, por ejemplo, como vendedores callejeros o trabajadores manuales. Con el régimen de confinamiento vigente, estos trabajos son considerados no esenciales, por lo que quienes pertenecen a este sector tienen prohibido trabajar. Como consecuencia, muchas personas no pueden ganar dinero para comprar comida.
Aunque durante el confinamiento se permiten los desplazamientos al supermercado porque la comida se considera “esencial”, las fuerzas de seguridad suelen criminalizar, y a veces agredir, a quienes encuentran en las calles de los barrios tratando de comprar comida con el poco dinero que tienen o a quienes trabajan a cambio de comida.
Uso ilegítimo de la fuerza
En toda la región, se ha desplegado en las calles una combinación de policía civil y soldados para vigilar la circulación de personas y garantizar que se cumplen las medidas de confinamiento impuestas por los gobiernos. Sin embargo, el personal de seguridad está usando fuerza desproporcionada en su trato con la gente, incluidas palizas y otras formas de humillación pública, como obligar a la gente a gatear por el suelo. En algunos casos, se ha acusado a la policía de entrar en las casas y agredir a las personas.
En Zambia, se ha visto a policías golpeando indiscriminadamente a personas en las calles, incluso en bares, tras encontrarlas en lugares públicos. La portavoz de la policía nacional, Esther Katongo, dijo después en la televisión nacional que la policía de Zambia había adoptado una estrategia de “pegar” y “detener” a todas las personas que encontrasen en la calle. “Te machacamos, te pegamos, después te detenemos. Tienes suerte si escapas”, dijo en una entrevista con medios de comunicación.
En Zimbabue, agentes de policía irrumpieron en el mercado de verduras de Sakubva, en Mutare, al amanecer del 3 de abril, y provocaron la huida de más de 300 vendedores de verduras, que abandonaron sus productos en el lugar. La policía llevó a cabo la incursión a pesar de que el sector de la agricultura está considerado servicio esencial durante el confinamiento de 21 días, por lo que el mercado podía seguir atendiendo a la población que lo necesitara para comprar comida. La policía quemó posteriormente las verduras y todavía no se ha indemnizado a los vendedores por sus pérdidas. Según el Programa Mundial de Alimentos, en el país, alrededor de 4,3 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria urgente antes de la pandemia.
En Mozambique, la emisora local de televisión STV ha informado de casos de policías acusados de aprovechar el estado de emergencia para asaltar los puestos de vendedores informales y robar sus productos incluso cuando los puestos están cerrados. Un comerciante informal dijo: “Nos estamos muriendo de hambre [porque no se nos permite comerciar]. Es insoportable. Ya no puedo más. ¿Quién debería resolver este problema?”
En Angola, se han denunciado varios incidentes de violencia policial desde que fueron desplegadas las fuerzas de seguridad en las calles para garantizar el cumplimiento por la ciudadanía de la respuesta nacional contra la COVID-19 el 27 de marzo. Siete hombres fueron detenidos cuando se dirigían a comprar comida en el mercado de Cabinda el 4 de abril. Fueron liberados progresivamente a partir del 5 de abril y los dos últimos salieron en libertad el 7 de abril.
Medios de vida en peligro
Informaciones de los medios de comunicación de varios países del África austral destacan los problemas que las medidas de confinamiento están creando para quienes viven en la pobreza ante la ausencia de ayudas adecuadas del gobierno. Las mujeres, los niños y niñas y otros grupos vulnerables, como el de las personas con discapacidad, están especialmente afectados.
En Alexandra, una barrada al norte de Johannesburgo, la población salió a la calle el 14 de abril diciendo que tenía hambre. La gente hizo cola en las calles después de que algunas organizaciones no gubernamentales prometieran comida. Algunas personas dijeron a eNCA, emisora local de televisión que emite las 24 horas, que tenían miedo morir de hambre más que de la COVID-19. Una mujer dijo: “Queremos comida. No nos vamos a ir a ninguna parte. Vamos a quedarnos aquí hasta mediodía. Nos da igual que el coronavirus esté aquí”.
Otra dijo: “Queremos comer. Tenemos hambre. El [confinamiento] por el coronavirus debe suspenderse. Queremos volver al trabajo. Vendemos tomates y patatas [en la calle], ahora no podemos vender y no podemos ganarnos la vida. Queremos comida, queremos comer”.
En Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, aumenta la preocupación por el acceso de la población a la alimentación. Se ha producido una fuerte subida del precio de los alimentos básicos tras el confinamiento. También existe el temor de que aumente la tensión en las calles a medida que crece la ansiedad de la población por los medios de subsistencia. Por ejemplo, los conductores de rickshaw han protestado contra el confinamiento en la población de Tamatave, en el noreste del país, lo que ha desembocado en enfrentamientos con la policía. Los conductores dicen que no pueden cumplir el confinamiento porque viven de sus salarios diarios.
Según los medios de comunicación, en Botsuana, los trabajadores y las trabajadoras del sector informal y los pequeños negocios sufren consecuencias económicas devastadoras, pues el confinamiento impide que quienes trabajan conduciendo autobuses, lavando coches y vendiendo en las calles puedan ganarse la vida. Aproximadamente el 20% de la población está desempleada y, al carecer de la necesaria protección social, tiene dificultades para acceder a alimentos, atención para la salud y otros servicios esenciales.
“Las medidas de confinamiento impuestas en toda la región con el fin de reducir las consecuencias catastróficas de la COVID-19 deben ir acompañadas de medidas de protección social para quienes viven en la pobreza y carecen de empleo, a fin de mitigar el impacto del doble peligro del confinamiento y el hambre. Los gobiernos no pueden criminalizar a personas por salir de su casa para buscar comida o porque necesitan trabajar para obtener un sustento básico”, dijo Deprose Muchena.
“Los gobiernos deben garantizar que nadie pasa hambre y deben instaurar medidas de protección social para que se respeten los derechos humanos. No se debe dejar atrás a nadie”.
Los gobiernos deben evaluar su capacidad para proteger la salud, los medios de subsistencia y los derechos humanos de la población, y pedir ayuda a la comunidad internacional cuando detecte la existencia de lagunas o no puedan garantizar las protecciones necesarias.
