“A medida que la COVID-19 se propaga por toda África, se teme que la grave masificación de numerosas prisiones dé lugar a una catástrofe de salud pública, dada la ausencia general de servicios médicos y la falta de higiene”, ha declarado Samira Daoud, directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
En muchos países del África subsahariana, un elevado porcentaje de la población penitenciaria está ahí sólo por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos. La liberación inmediata e incondicional de los presos y presas de conciencia no sólo sería de justicia, sino que también despejaría los centros de detención, y ayudaría a proteger de la COVID-19 a la población penitenciaria y a los trabajadores y trabajadoras.
Amnistía Internacional pide también a las autoridades que consideren la excarcelación anticipada, provisional o condicional de los presos y presas de más edad, de los que sufran enfermedades y de las mujeres y niñas detenidas con hijos o hijas dependientes o embarazadas.
En toda el África subsahariana, la detención en espera de juicio se sigue utilizando de manera generalizada y excesiva como forma de castigo. A fecha de junio de 2019, las cárceles de Madagascar, con capacidad para 10.360 personas en total, albergaban 28.045 presos y presas. De los 977 varones menores recluidos, el 75% se encontraba en espera de juicio. En Madagascar, las personas acusadas de delitos leves —tanto menores como adultas— son también obligadas a permanecer en espera de juicio en prisiones poco higiénicas y masificadas durante periodos que superan los permitidos por ley.
En Senegal, antes de la liberación de presos y presas anunciada el pasado mes de marzo, un total de 11.547 personas se hacinaban en 37 cárceles, con capacidad para 4.224 personas. De igual forma, en diciembre de 2019, había en Burundi 11.464 personas recluidas —el 45,5%, en espera de juicio—, cuando la capacidad total de las cárceles del país es de 4.194.
En República Democrática del Congo, los últimos datos disponibles de la prisión Central de Makala indican que, en 2016, ese centro daba cabida a más de 8.000 personas, es decir, cinco veces su capacidad oficial de 1.500 personas. Aunque, en 2019, fueron excarceladas en el país unas 700 personas, ese mismo año las muertes en detención ascendieron, al menos, a 120, debido al hambre, la ausencia de agua potable y la falta de atención médica.
“Antes incluso de la pandemia de COVID-19, las cárceles de República Democrática del Congo eran lugares de muerte. Pero ahora, el virus está poniendo en evidencia la terrible realidad a la que se enfrentan las personas privadas de libertad, y agravando, aún más, los peligros que les acechan a diario“, ha declarado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
Periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y estudiantes
Muchos países de la región tienen un largo historial de detenciones y reclusiones arbitrarias —debidas al ejercicio o la defensa de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación—, que ha contribuido a la masificación.
Amnistía Internacional ha resaltado la grave situación de varios presos y presas de conciencia, que ahora deben hacer frente, en la cárcel, a la amenaza real de la COVID-19. Entre ellos figuran:
El periodista Ignace Sossou, condenado en Benín el 24 de diciembre de 2019 a 18 meses de cárcel por “acoso en medios de comunicación electrónicos”, tras haber tuiteado unos comentarios atribuidos a un fiscal del país que había intervenido en una conferencia organizada por la agencia francesa para el desarrollo de los medios de comunicación CFI.
El defensor de derechos humanos Germain Rukuki, que fue detenido en Burundi por su trabajo y actualmente cumple una pena de 32 años de prisión, y otros cuatro periodistas, que trabajaban para Iwacu, uno de los pocos medios de comunicación independientes que quedan en Burundi, y que fueron condenados el 30 de enero de 2020 a dos años y medio de prisión por haber intentado investigar unos letales enfrentamientos.
Los estudiantes Fomusoh Ivo Feh, Afuh Nivelle Nfor y Azah Levis Gob, condenados en Camerún a 10 años de cárcel por “haber retenido información relacionada con el terrorismo”, tras haber enviado un mensaje de texto con una broma sobre Boko Haram. En las regiones de habla inglesa de Camerún, entre las personas recluidas por haber protestado pacíficamente por presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2018 o por haber defendido los derechos económicos y sociales, destaca el caso de Mancho Bibixy Tse, detenido el 9 de enero de 2017 y condenado el 25 de mayo de 2018 por un tribunal militar a 15 años de cárcel por “terrorismo”, por haber protestado pacíficamente contra la marginación de la población camerunesa de habla inglesa.
En Chad, Martin Inoua, director del periódico Salam Info, de propiedad privada, fue condenado en septiembre de 2019 a tres años de cárcel por difamación, acusación calumniosa y conspiración criminal debido a la publicación de un artículo en el que se acusaba a un ex ministro de una presunta agresión sexual a una persona de su familia. El director había sido detenido previamente tras la denuncia del ministro.
“Amnistía Internacional considera a todas estas personas presos de conciencia, recluidos por el ejercicio de sus derechos humanos. Deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, afirma Deprose Muchena.
En Gabón, Bertrand Zibi Abeghe, miembro de la Coalición por la Nueva República (Coalition pour la nouvelle republique), fue detenido el 31 de agosto de 2016 durante las manifestaciones en protesta por los resultados presidenciales y lleva detenido en espera de juicio desde entonces. En septiembre de 2018, superó el periodo legal de detención en espera de juicio y, por lo tanto, su detención es ilegal.
En Guinea, una serie de activistas del Frente Nacional de Defensa de la Constitución (FNDC) se encuentran arbitrariamente recluidos, por haber protestado, de manera pacífica, contra un proyecto de reforma constitucional que podría permitir al presidente Alpha Condé presentarse, por tercera vez, a las elecciones, y contra la celebración de un referéndum constitucional, el 22 de marzo de 2020.
En Mozambique, el periodista Ibrahimo Abu Mbaruco fue sometido a desaparición forzada el el pasado 7 de abril, tras haber enviado a un compañero un mensaje de texto en el que afirmaba estar siendo hostigado por unos soldados en las proximidades de su domicilio de la ciudad Palma (provincia de Cabo Delgado, norte del país). Las autoridades mozambiqueñas son conocidas por el encarcelamiento arbitrario de periodistas, a quienes someten también a tortura y otros malos tratos.
“Resulta aterrador que tantas personas recluidas por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos se enfrenten ahora al peligro de contraer la letal COVID-19 en las prisiones de toda África. Todas ellas deben quedar en libertad sin demora”, ha declarado Deprose Muchena.
En Somalilandia, a fin de aliviar la masificación ante la pandemia de COVID-19, el presidente Muse Bihi Abdi indultó el 1 de abril a 574 personas presas, pero no excarceló al periodista independiente Abdimalik Muse Oldon, detenido y recluido de manera arbitraria hace un año, por haber criticado al presidente en Facebook.
Adversarios políticos y voces críticas con los gobiernos
En Congo, cuatro simpatizantes del movimiento de oposición “Incarner L’Espoir” —Parfait Mabiala, Franck Donald Saboukoulou Loubaki, Guil Miangué Ossebi y Meldry Rolf Dissavoulou— fueron acusados de haber puesto en peligro la seguridad del Estado, por lo que llevan varios meses arbitrariamente recluidos. Asimismo, Jean-Marie Michel Mokoko y André Okombi Salissa, opositores políticos y candidatos a las elecciones presidenciales de 2016, fueron condenados en 2018 por haber puesto en peligro la seguridad interna del Estado, y desde entonces permanecen recluidos.
En Eritrea, cualquier persona que exprese opiniones políticas divergentes de las del gobierno corre peligro de ser detenida; miles de personas dedicadas a la política, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, e incluso familiares de éstos, llevan años en detención sin que se haya comunicado la excarcelación de ninguno de ellos.
En Etiopía, ante la pandemia de COVID-19, han sido excarceladas más de 10.000 personas que estaban a punto de cumplir condena o que habían sido condenadas a un máximo de tres años de cárcel, pero el gobierno mantiene injustamente recluidos a políticos de la oposición y periodistas, sólo por sus opiniones o por el desempeño de su trabajo.
En Madagascar, el 4 de abril la directora editorial del periódico Ny Valosoa, Arphine Helisoa, fue recluida en espera de juicio en la prisión de Antanimora, en la capital, acusada de difusión de “noticias falsas” e “incitación al odio contra el presidente Andry Rajoelina”, por haber criticado la gestión de éste frente a la COVID-19.
En Sudán del Sur, desde el comienzo del conflicto, en 2013, el Servicio de Seguridad Nacional ha detenido y recluido sin cargos, de manera arbitraria, a cientos —si no, miles— de presuntos adversarios políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil. La población penitenciaria depende, para alimentarse, de sus familias, muchas de las cuales no pueden facilitarles alimentos debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.
En Tanzania, el abogado de derechos humanos Tito Magoti y Theodory Giyani, acusado junto con él, llevan bajo custodia policial desde el 20 de diciembre de 2019. El 15 de abril, el tribunal aplazó su juicio por novena vez. En Uganda, el pasado 13 de abril, la policía militar detuvo al escritor y estudiante de derecho Kakwenza Rukira, por su libro Bárbaros codiciosos, en el que critica a la primera familia del país. Todavía no se han presentado cargos en su contra.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó en 2014 de arbitraria la detención, en Togo, de Kpatcha Gnassingbé, hermanastro del presidente Faure Gnassingbé, del comandante Atti Abi y del capitán Dontéma Kokou Tchaa, condenados por delitos contra el Estado y rebelión en un juicio sin las debidas garantías celebrado en 2011. En abril de 2020 siguen detenidos pese al compromiso de las autoridades de cooperar plenamente con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
“La propagación de la COVID-19 es una cuestión de salud pública, incluso en las cárceles y centros de detención. La reducción del número de personas recluidas debe ser parte integrante y urgente de las respuestas de los Estados a la COVID-19, que debe empezar por la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que nunca debieron haber sido encarceladas”, ha manifestado Samira Daoud.
