Ante esta alarma, Amnistía Internacional envió una carta al ministro de Educación de esa provincia, Aldo Fabián Lineras, a través de la cual manifiesta profunda preocupación por la falta de cumplimiento del derecho a la ESI. El Congreso, a realizarse este mes, se enmarca en el decreto 2633/21 que valida la Resolución del Ministerio de Educación de la provincia 967/21. Esta norma habilita propuestas de educación sexual “alternativa” para la formación docente y la enseñanza en todos los niveles, cuando ya existe un amplio marco normativo que regula el derecho a la ESI.
Amnistía Internacional rechaza que el Congreso avalado por el Ministerio de Educación provincial patologice el aborto bajo el término “síndrome post aborto” y que cuestione la igualdad de género “desde la ciencia”, entre otros ejes. Ante ello la organización solicitó que se adopten las medidas necesarias para prevenir que se promueva un Congreso de formación docente -que otorga puntaje- que pudiera atentar contra el derecho de niñas, niños y adolescentes de acceder a la ESI. En caso de que igualmente se lleve a cabo, es fundamental una veeduría en miras a la posterior rendición de cuentas.
Paralelamente, quienes se presentan como expositores del Congreso han manifestado públicamente posturas con contenido discriminatorio hacia mujeres y personas LGBTI+. En particular, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en dos ocasiones, en 2013 y 2018, dictaminó que los manuales educativos y la página web de quienes lideran la formación resultan contrarios a la ley antidiscriminatoria (N° 23.592).
“La correcta implementación de la ESI es un compromiso asumido por nuestro país. Por lo tanto, aprobar propuestas educativas alternativas con contenidos discriminatorios por motivo de género, contraría esas obligaciones asumidas. Todas las personas tienen derecho a acceder a una educación integral para desarrollar su proyecto de vida, conocer sus derechos y tomar decisiones informadas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Pedido de acceso a la información pública
Amnistía Internacional también presentó un pedido de acceso a la información pública a la Provincia de Chaco para conocer el alcance del Decreto 2633/21, qué medidas se han adoptado para fortalecer la ESI, qué mecanismos de control y monitoreo se adoptarán para salvaguardar su efectiva implementación y ha solicitado que se habiliten instancias de consulta estrecha con la sociedad civil.
La ESI es un derecho humano consagrado por la Ley nacional N° 26.150, fortalecido por los consensos construidos en el marco del Consejo Federal de Educación y amparado en el derecho constitucional. En una provincia en la cual, según las Evaluaciones Aprender 2019, solo el 2% de les estudiantes del nivel secundario indican haber visto todos los contenidos mínimos de la ESI, es fundamental que se fortalezcan los esfuerzo para garantizar una educación sexual integral, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y diversidad.
Carta de organizaciones de la sociedad civil
Amnistía Internacional, en alianza con Cien por ciento Diversidad y Derechos, FEIM, Fundación Huésped, FUSA AC, el Observatorio de las Violencias de Género Ahora que sí nos ven y la Red Federal de docentes por el derecho al aborto legal presentaron una carta al Observatorio Federal de la ESI -del cual forman parte como representantes de la sociedad civil-, para que se adopten las medidas necesarias frente a las acciones que ponen en riesgo la ESI en Chaco.
