Alerta por la situación de líder wichí


Amnistía Internacional  envió una carta al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para transmitir su preocupación sobre la situación de Agustín Santillán, referente de la comunidad wichí en la Provincia de Formosa, detenido desde el 14 de abril.

Santillán está imputado en más de 20 causas penales,  muchas de las cuales están atravesadas por la reivindicación histórica del territorio ancestral.  Algunas de esas causas incluso han sido reactivadas a partir de su última detención.

En la visita al país del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el organismo exhortó a las autoridades argentinas “a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas”.

“Una de las formas de persecución contra los pueblos originarios se da a través del uso de la persecución penal. La experiencia nos demuestra que el uso de causas por delitos como corte de ruta, resistencia a la autoridad, usurpación es utilizado como estrategia de intimidación y silenciamiento de defensores y defensoras que luchan por los derechos humanos. De este modo, el Estado corre el eje y en vez de atender las cuestiones de fondo, invierte recursos en perseguir a referentes indígenas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Actualmente, el dirigente wichí está preso por su presunta participación en una serie de incidentes de los que ni siquiera habría participado. Amnistía Internacional  reclama al Estado de Formosa que respete las garantías judiciales y el debido proceso legal de Agustín Santillán.

AGUSTIN-SANTILLAN

Territorio Indígena: un mapa de los conflictos en Argentina

Amnistía Internacional ha hecho un relevamiento de la situación y conflictos que atraviesan los pueblos originarios en el país, del que Formosa es parte.  En la última década se aceleró el proceso de despojo territorial de las comunidades indígenas del norte de la provincia, dando lugar a focos de tensión por el reclamo del derecho al territorio, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso al agua potable, entre otros, que tienden en muchas ocasiones a canalizarse a través de la intervención de la justicia penal.

La organización documentó más de 250 conflictos que pueden consultarse en la web Territorio Indígena.

 

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