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El debate público limitado: Amnistía Internacional da cuenta del efecto disciplinador de los ataques en Twitter Argentina
Algunos aportes, preguntas y respuestas
¿Se puede detectar a quienes hacen estos ataques?
Si, se puede. Casi toda actividad on line deja huellas de su producción. Aunque esta no es tarea de la sociedad civil ni de los organismos de Derechos Humanos. Estos pueden trabajar sobre la información que es pública. Un tweet de una cuenta no protegida, así como su biografía y su historial de interacciones, es información a la que cualquiera puede acceder, procesar y analizar. Los datos del usuario dentro de las plataformas y, por ejemplo, el IP del que se conecta no son información pública. En este caso –dadas las leyes vigentes en el país- es la Justicia la que tiene que proceder en los casos que considere que corresponde.
¿Qué consecuencias traen este tipo de ataques? (EJ: estrés, ansiedad, ataque de pánico, censura previa, etc.).
En los distintos estudios que se han realizados sobre ciberataques y cibertropas (en Inglaterra, EEUU y México, por ejemplo, además de Argentina) se plantea que el efecto de los mismos es la inhibición del debate y la autocensura. Los efectos no sólo condicionan de modo directo a las personas violentadas, sino que también afectan la conversación pública –como bien sostiene un documento sobre Libertad de Expresión de marzo de 2018 de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional- erosionando el entorno de deliberación e intercambio de ideas y perspectivas por efecto del escarmiento que se produce en personas afines o cercanas a las posiciones de las agredidas.
Al intentar “detener estos ataques”, ¿No se está, de algún modo, coartando la libertad de expresión? ¿O de algún modo, no se avala/pide la “censura previa”?
No es nuestra intención detener estos ataques censurando cuentas por sus opiniones. Sí la de contribuir con alertas cuando este tipo de prácticas cercenan derechos, tienen un efecto inhibitorio sobre la circulación de voces críticasy alteran, así, el debate democrático. Son los Estados con la colaboración de las empresas propietarias de las plataformas y redes sociales digitales quienes deben asegurar normas transparentes que eviten la manipulación a través de campañas automatizadas orientadas al desprestigio y a la afectación del honor y la imagen de terceros, así como de dar acceso a sus reportes de denuncias. Los Estados y estas empresas son responsables de fortalecer la participación en el debate y de garantizar que las opiniones no sean motivo de ataque. La violencia y los abusos en Internet son una amenaza directa a esta libertad de expresión. En este sentido, toda acción que el Estado adopte o desarrolle en este contexto y que las compañías de redes sociales digitales implementen, requiere de un amplio consenso entre fuerzas políticas y sociales y el respeto a las garantías para la libertad de expresión previstas en el derecho internacional (que sean reguladas por ley; que alcancen intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y que resulten necesarias y proporcionadas).
Los periodistas y defensores de derechos humanos critican al Gobierno y ese muchas veces es su trabajo, ¿no deberían estar más “acostumbrados” a esto?
El seguimiento crítico del accionar de los gobiernos es una tarea central del periodismo. Y por supuesto la crítica del trabajo periodístico es un aporte para hacer de este una mejor herramienta de vínculo ciudadano con la información de las cuestiones públicas. Sin embargo esto debe desarrollarse dentro de un marco de respeto, libre de amenazas directas e indirectas y con plenas garantías de un debate democrático robusto que evite los señalamientos, las posibles represalias, y los abusos de poder. Es por eso que se debe ser muy cuidadoso cuando los Estados critican el accionar de periodistas. Sin embargo ese espacio de debate democrático se rompe cuando las críticas apuntan a distribuir información falsa, desprestigiar, divulgar aspectos personales (ciertos o falsos) de periodistas y defensores de DDHH, marcar lugares de trabajo, o concertar agresiones automatizadas o con participación de funcionarios y dirigentes estatales. Esos ataques están orientados a disciplinar la voz de determinados actores en el debate público y contravienen los principios de la convivencia democrática.
¿Pueden probar que los ataques son impulsados por el Gobierno o el oficialismo hacia opositores?
No. Lo que se puede probar –y el relevamiento prueba- es que simpatizantes de esos espacios con niveles de organización, a veces muy profesional y que incluye el uso de dispositivos automatizados para amplificar su accionar (bots), forman parte de cibertropas que atacan opiniones que ocasionalmente pueden mostrarse críticas, divergentes de la línea oficial u opositoras.
También se puede demostrar –y el relevamiento demuestra- es que esas intervenciones son favorables al gobierno temáticamente, y que no son orgánicas de las redes sino que tienen una organización detrás.
¿Acaso no son más graves los ataques en la vida real que en la “vida virtual”?
Las redes sociales se han convertido en una valiosa plataforma para la vida pública. En este sentido seguir pensando que existe una diferencia de magnitud entre la vida ¨real¨ y la vida ¨virtual¨ no tiene en cuenta que las redes sociales se han convertido en parte inalienable del ambiente o territorio de lo público. Las redes digitales son el medio principal sobre el que los jóvenes, en todo el mundo, desarrollan sus identidades políticas y consumen noticias. Los ataques en estos territorios digitales tienen mecanismos de disciplinamiento y efectos no muy distintos que los ataques en ese otro territorio que llamamos ¨vida real¨. Incluso las consecuencias de esos ataques tiene impacto en la calidad de vida de las personas, su seguridad y su derecho a manifestar sus opiniones sin ser molestados por ellas.
En el informe dicen que las cuentas que atacan están a favor del oficialismo, ¿acaso no puede expresar libremente lo que quieren?
Por supuesto que sí pueden, siempre y cuando esas opiniones no fomenten discursos de odio, de persecución, de xenofobia o busquen desacreditar el trabajo de periodistas u organismos de DDHH o para de esta forma cercenar el debate público, inhibiendo la libre circulación de ideas y perspectivas y, consecuentemente, disciplinar las voces críticas, disidentes u opositoras.
¿Acaso está prohibido tener “un grupo de cuentas” para que hagan, por ejemplo, propaganda política?
No, no está prohibido. De hecho es una práctica que se utiliza en todo el mundo y es clave en los procesos electorales –lo que en países europeos y en EEUU está siendo revisado, dada la experiencia de manipulación de la opinión pública basada en redes sociales digitales de la última elección presidencial en EEUU-. La participación de cibermilitancia en la política es una forma más de fomentar la participación en los procesos políticos y de estimular el debate y la participación democrática. En este caso no nos referimos a cuentas que hacen propaganda o manifiestan su apoyo a determinados espacios políticos o conjuntos de ideas, sino de cuentas que mediante sistemas organizativos sofisticados, en muchos casos automatizados y a veces profesionales buscan acallar, atacar, agredir o deslegitimar las voces críticas.
