El exgobernador de la provincia congoleña de Kivu Septentrional y otros dos altos mandos del ejército deben ser investigados por posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de una manifestación en la ciudad de Goma, en la que al menos 56 personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo y más de 80 resultaron heridas el 30 de agosto de 2023; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

En el informe, titulado Operation “Keba”: Massacre by the Army in the Democratic Republic of Congo’s Goma City, se describe con detalle el baño de sangre cometido por las fuerzas de seguridad al abrir fuego contra manifestantes que reclamaban la salida de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). La mayoría de las personas que se manifestaban eran adeptas del grupo religioso y político Culto Judaico Mesiánico Natural hacia las Naciones (FNJMN), que llama “Wazalendo” al conjunto de sus seguidores.

Amnistía Internacional ha reconstruido la secuencia de la masacre, con sus tiempos y localizaciones, y ha identificado a tres miembros del ejército que deben ser individualmente investigados y, si existen pruebas suficientes, procesados por posibles crímenes contra la humanidad. Son el ex gobernador militar de Kivu Septentrional, teniente general Constant Ndima Kongba, el comandante de la Brigada de Armas Combinadas de la Guardia Republicana en Kivu Septentrional, coronel Mike Kalamba Mikombe, y el comandante del Batallón de Fuerzas Especiales de la Guardia Republicana en Goma, mayor Peter Kabwe Ngandu, quien servía a las órdenes del coronel Mikombe.

“Esta masacre no fue el resultado de un error garrafal de unos cuantos soldados que actuaron de forma inesperada cuando los seguidores de Wazalendo apedrearon a un agente de policía, como afirman las autoridades. Fue el resultado de una sucesión de acciones deliberadas y planificadas de las autoridades congoleñas después de que la MONUSCO solicitara expresamente que prohibieran la protesta”, ha manifestado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

Fue el resultado de una sucesión de acciones deliberadas y planificadas de las autoridades congoleñas después de que la MONUSCO solicitara expresamente que prohibieran la protesta.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

“El presidente Felix Tshisekedi debe apartar del ejército inmediatamente al teniente general Constant Ndima Kongba y al mayor Peter Kabwe Ngandu mientras se lleva a cabo una investigación. El coronel Mike Kalamba Mikombe, declarado culpable en relación con los homicidios, también debe ser investigado —y procesado si existen pruebas suficientes en su contra— por otros presuntos delitos.”

“Además, Amnistía Internacional reclama que el Departamento de Operaciones de Paz estadounidense abra enseguida una investigación independiente sobre el papel representado por la MONUSCO, incluidos sus máximos responsables, y haga públicas sus conclusiones.”

Operación “Keba”

Amnistía Internacional llevó a cabo su investigación de septiembre de 2023 a octubre de 2024. La organización examinó escenarios de crímenes, entrevistó a más de 70 personas —entre sobrevivientes, testigos presenciales y presuntos perpetradores— y analizó actas judiciales y documentos oficiales confidenciales. Además, el Laboratorio de Pruebas de Amnistía verificó decenas de vídeos y fotografías de la masacre, así como imágenes de satélite, para corroborar las conclusiones.

El 19 de agosto de 2023, Efraimu Bisimwa, líder de Wazalendo, se dirigió por escrito al alcalde de Goma para notificar formalmente una manifestación programada como establece la legislación congoleña. Según afirmaba, el motivo de la manifestación era exigir la salida de la MONUSCO y otras fuerzas extranjeras.

El 21 de agosto, la Oficina de la MONUSCO en Goma remitió una carta al gobernador militar Ndima para expresarle su preocupación por la manifestación prevista e instar a las autoridades a prohibirla totalmente “dada su naturaleza violenta y cargada de odio”. Amnistía Internacional examinó la mayoría de las declaraciones y mensajes emitidos por el grupo religioso FNJMN en el periodo previo al 30 de agosto de 2023 pero no encontró indicios de incitación a la violencia.

Cuatro días después de la solicitud de la MONUSCO, Ndima comunicó al ejército y la policía que Wazalendo representaba un grave peligro para Goma y les ordenó tomar “todas las medidas” necesarias para proteger las instalaciones de la MONUSCO y la ciudad.

Los máximos responsables de la policía y el ejército de Kivu Septentrional elaboraron planes operativos –que Amnistía ha obtenido– con instrucciones concretas a la Brigada de Armas Combinadas del coronel Mikombe de “destruir elementos enemigos aislados” el 30 de agosto. Estas fuerzas iban a estar en el centro de la matanza.

Un baño de sangre

La violencia comenzó alrededor de las tres de la madrugada del 30 de agosto de 2023, fecha prevista de la protesta. Un comando presuntamente dirigido por el mayor Kabwe, comandante de las Fuerzas Especiales en Goma, asaltó una emisora de radio del grupo religioso FNJMN situada en una zona residencial del noroeste de Goma. Los soldados ataron a 12 personas —entre ellas el líder de Wazalendo, Bisimwa—, las sacaron al exterior y abrieron fuego: 6 de ellas murieron en el acto —incluida la periodista de 44 años Tabita Fabiola— y 10 resultaron heridas.

Mientras, según testigos presenciales, a dos manzanas de allí, una patrulla de policía disparó contra otros seguidores de Wazalendo que se dirigían a la emisora de radio, dejando al menos un muerto y varios heridos. Varios adeptos de Wazalendo capturaron a un agente de policía y lo llevaron a su templo, a unos dos kilómetros de allí.

Hacia las seis de la mañana, la policía disparó a un grupo de seguidores de Wazalendo que salían del templo y mató a Uwezo Milele, uno de los hijos del líder de Wazalendo, Bisimwa. Tras estos hechos, un grupo de adeptos de Wazalendo apedreó al agente de policía capturado. Cientos de seguidores de Wazalendo no tardaron en congregarse en el exterior del templo para protestar.

A las siete de la mañana hubo un despliegue masivo de soldados congoleños fuertemente armados, en su mayoría de las Fuerzas Especiales de la Guardia Republicana, alrededor del templo. Los manifestantes no portaban armas, como han establecido la investigación de Amnistía y dos juicios militares congoleños.

Durante 30 minutos, dos militares intentaron convencer a los adeptos de Wazalendo de que no emprendieran la marcha. De repente, el coronel Mikombe, de la Brigada de Armas Combinadas, intervino e interrumpió las conversaciones. Según cinco testigos, incluidos los dos militares, Mikombe ordenó a los soldados que abrieran fuego.

Decenas de personas murieron en la masacre que siguió. Las imágenes verificadas por Amnistía muestran ráfagas de probables disparos hacia la multitud y a soldados recogiendo, arrastrando y cargando cadáveres en camiones militares. Los testigos describieron escenas de soldados limpiando charcos de sangre y restos mortales y deteniendo a seguidores de Wazalendo y otras personas durante horas después de que terminaran los disparos. Antes de marcharse, los soldados saquearon e incendiaron el templo.

Una víctima contó a Amnistía: “Soy sobreviviente de la guerra […] Pero nunca había visto nada parecido. No creo que pueda recuperarme nunca de lo que mis ojos vieron ese día.”

Las autoridades dijeron que había 56 víctimas mortales pero, según un informe confidencial de la ONU que ha visto Amnistía, serían 102 personas fallecidas, “incluidos 90 hombres, 8 mujeres y 4 niños, y 80 personas heridas”. Amnistía ha recibido informes coincidentes de al menos 10 personas más en paradero desconocido.

Las autoridades amontonaron los cuerpos en el hospital militar de Goma, algunos al aire libre, e impidieron a las familias identificarlos o enterrarlos hasta tres semanas después, cuando los cadáveres ya estaban en avanzado estado de descomposición.

“Soy sobreviviente de la guerra […] Pero nunca había visto nada parecido. No creo que pueda recuperarme nunca de lo que mis ojos vieron ese día.”

Una víctima de la masacre

No hubo investigación balística, recogida de ADN ni autopsias —tampoco de los 27 cadáveres no identificados oficialmente— como parte de las investigaciones prometidas por las autoridades.

Tras la masacre, la dirección de la MONUSCO pareció justificar la respuesta de las autoridades a la protesta al afirmar que las fuerzas de seguridad, “de acuerdo con su responsabilidad primordial de mantener la seguridad en el país […] intentaban evitar una manifestación que iba a ser violenta”. El gobernador militar Ndima se atribuyó públicamente el mérito de la operación y envió mensajes de felicitación a las fuerzas de seguridad y defensa.

Justicia deficiente

Se celebraron dos juicios militares en Goma entre el 1 de septiembre y el 10 de octubre de 2023, pero ninguno garantizó justicia ni rendición de cuentas efectiva para prevenir futuras masacres. En ambos juicios hay apelaciones en curso.

En el primero se juzgó a 116 seguidores de Wazalendo y otras personas por insurrección y el asesinato del agente de policía. El juicio estuvo lejos de cumplir las normas de imparcialidad. Más que un intento genuino de investigar y enjuiciar el homicidio del policía, este juicio colectivo a más de 100 personas por un asesinato pareció un intento de exigir responsabilidades a los adeptos al FNJMN por la violencia del 30 de agosto de 2023.

El segundo juicio fue contra seis miembros de la Guardia Republicana, entre ellos dos oficiales de alta graduación, por asesinar y herir a seguidores de Wazalendo. Sin embargo, la investigación fue apresurada e incompleta, no estableció el alcance total de los crímenes cometidos el 30 de agosto y sólo incluyó a 109 víctimas, a pesar de que el número oficial de personas muertas y heridas era muy superior.

“Las autoridades de la República Democrática del Congo deben reabrir las investigaciones sobre esta masacre, de conformidad con las normas regionales e internacionales, para establecer la verdad y obligar a rendir cuentas a todos los implicados.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

El tribunal concluyó que el coronel Mikombe había ordenado abrir fuego a los soldados de la Guardia Republicana y lo declaró culpable de asesinato, intento de asesinato y destrucción de armamento. El coronel Mikombe fue expulsado de las fuerzas armadas, multado y condenado a muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos.

Tres soldados fueron condenados a 10 años de prisión cada uno por asesinato e intento de asesinato.

El gobernador militar Ndima y el mayor Kabwe no han comparecido ante la justicia.

Ndima, quien era el máximo responsable militar de Kivu Septentrional en el momento de la masacre, sigue siendo general a pesar de su destitución del cargo de gobernador. Kabwe es actualmente comandante en funciones de las Fuerzas Especiales en Kivu Septentrional, un puesto superior al que ocupaba antes de la matanza.

“No es la primera vez que el ejército congoleño ataca y perpetra crímenes horrendos contra la población civil a la que se supone que debe proteger. Las víctimas merecen verdad y justicia, no un castigo colectivo”, ha afirmado Tigere Chagutah.

“Las autoridades de la República Democrática del Congo deben reabrir las investigaciones sobre esta masacre, de conformidad con las normas regionales e internacionales, para establecer la verdad y obligar a rendir cuentas a todos los implicados. El presidente Tshisekedi debería prohibir que la Guardia Republicana —incluidas sus fuerzas especiales— participe en operaciones para hacer cumplir la ley y especificar las circunstancias excepcionales en que las fuerzas armadas pueden desempeñar tales funciones, en consonancia con las normas internacionales.

“La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debería plantearse examinar los homicidios perpetrados en Goma el 30 de agosto de 2023 como parte de las investigaciones en curso sobre la situación en el este de la República Democrática del Congo.”

Examinar la masacre

En respuesta a las conclusiones preliminares de Amnistía, el gobernador Ndima afirmó que no existen pruebas de que él ordenara disparar o “que tuvieran lugar los desafortunados acontecimientos.” Aseguró que había ordenado investigaciones y arrestos inmediatamente después de la masacre pero no aportó pruebas que lo sustentaran. Tampoco respondió a las preguntas de Amnistía sobre su mensaje oficial para impulsar las operaciones militares, sus actos previos a la masacre, su conocimiento de que ésta se estaba cometiendo, y sus justificaciones y mensajes de felicitación posteriores.

A través de su abogado, el coronel Mikombe afirmó que estaba en el templo de Wazalendo “por pura casualidad”, ya que otro coronel le había pedido que le acompañara, y que, una vez iniciados los disparos, él había ordenado que cesaran. Amnistía no encontró indicios que confirmaran sus afirmaciones.

El mayor Kabwe no respondió a las conclusiones preliminares que Amnistía le envió por carta el 26 de julio.

Ante las conclusiones y preguntas de Amnistía, el secretario general adjunto de la ONU para las Operaciones de Paz respondió que la MONUSCO había hecho su solicitud a las autoridades tras recibir información que indicaba que la manifestación programada “representaba un peligro significativo tanto para las fuerzas de mantenimiento de la paz como para la población de Goma” y añadió que la solicitud de la MONUSCO a las autoridades congoleñas incluía un llamamiento a evitar la pérdida de vidas y subrayaba el respeto por los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Las cartas enviadas por Amnistía para ejercer su derecho de réplica al presidente Tshisekedi, el ministro de Justicia y el ministro de Defensa, entre otros, continúan sin respuesta.

El informe contiene más detalles sobre las conclusiones de Amnistía Internacional y las respuestas de los acusados.