Buenos Aires 9 de Diciembre de 2015.- Amnistía Internacional presentó hoy un nuevo informe, sobre la situación de las mujeres que luchan por promover el aborto sin riesgos, la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y otros derechos sexuales y reproductivos en América Latina.
“Atreverse a hablar de aborto y educación sexual en América Latina parece ser razón suficiente para ser acusada de 'delincuente', 'asesina', e incluso 'terrorista'. Son mujeres que arriesgan su vida frente a gobiernos que no asumen su responsabilidad de proteger a defensoras de los derechos humanos y respetar su trabajo”, señaló Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
“Las implacables campañas de difamación emprendidas contra las mujeres cuyo trabajo consiste en promover los derechos y el bienestar común revelan el peor aspecto de una región que dice estar avanzando en materia de derechos humanos.”
El informe revela las estrategias de autoridades y estados a través de campañas de difamación para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos. Las agresiones públicas han sido obra tanto de particulares como de representantes de los gobiernos. Sin embargo, raras veces se investigan estos delitos, y casi nunca los responsables son llevados ante la justicia.
El informe denuncia, por ejemplo, el caso de intimidación, hostigamiento y vigilancia a activistas de la organización de derechos humanos CLADEM, cuando apoyaron el pedido de la familia de una superviviente de violación de apenas 10 años a un aborto. Las activistas de CLADEM informan que, desde que adoptaron el caso, se han intervenido sus teléfonos y sus computadoras. Algunas han dicho también que tanto ellas como sus familias han sido fotografiadas por desconocidos y amenazadas por teléfono y que les han causado destrozos en sus automóviles.
En Yucatán, México, donde el acceso a los servicios de aborto es legal en determinadas circunstancias, una brutal campaña contra las integrantes de la única organización que presta servicios de aborto legal y sin riesgos, obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo. Temían que les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica.
Este año y a lo largo de 2014, las integrantes de las organizaciones de derechos de las mujeres de El Salvador Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local fueron objeto de una cruel campaña de hostigamiento tras haber apoyado públicamente a 17 mujeres condenadas a prisión por complicaciones relacionadas con el embarazo.
Grupos antiabortistas, medios de comunicación conservadores y políticos dijeron públicamente que estas defensoras de los derechos de las mujeres de El Salvador eran “pro-muerte”, “capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria” y promotoras de “la cultura de la muerte”.
Amnistía Internacional ha hablado con decenas de defensoras de derechos humanos de toda la región que han sufrido hostigamiento en público, amenazas de muerte y agresiones físicas debido de a su trabajo.
“Ya sea por emprender campañas de hostigamiento en contra de activistas de derechos humanos, como por no proteger su labor inestimable, los gobiernos de toda América están perpetuando las condiciones que hacen posibles estas terribles persecuciones”, ha afirmado Mariela Belski.
