Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay firmaron el tratado, en la primera oportunidad, al comienzo de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras que la República Dominicana y Haití también se han comprometido a firmar en las próximas horas.
“Como primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica y el Caribe, el Acuerdo de Escazú sienta un precedente histórico para garantizar el derecho de todas las personas a un medioambiente limpio y sano, asegurándose de que se pueden oír todas las voces cuando sea la hora de tomar decisiones importantes que nos afectan a todos y todas”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El liderazgo de los catorce países que han firmado el Acuerdo debe servir de inspiración para el resto de la región y del mundo. Instamos a todos los demás países de América Latina y el Caribe a que sigan su ejemplo sin dilación, por la supervivencia y el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.
Adoptado el 4 de marzo en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países, el tratado implementa el principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Cumbre para la Tierra de 1992, al establecer salvaguardias para los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en cuestiones medioambientales.
El acuerdo impone también obligaciones específicas para proteger de amenazas y ataques a las personas que defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, para investigar y castigar cualquier agresión contra estas personas, y para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos a la libertad de reunión pacífica, de circulación, de expresión y de asociación.
“El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de la historia que incluye disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el medio ambiente, sentando así un ejemplo para el mundo entero. Representa una oportunidad vital para establecer la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos relativos al medio ambiente”, prosiguió Erika Guevara Rosas.
“Pero la mera firma del Tratado no basta. Los países firmantes deben ratificarlo ahora sin dilación y tomar medidas concretas para garantizar que está a la altura de sus ambiciosos ideales y que las decisiones sobre el medio ambiente reflejan realmente las opiniones, necesidades y derechos de las personas más afectadas”.
Los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe tienen la oportunidad de firmar el acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York. Para que entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.
