Los Estados de las Américas no brindan protección internacional y seguridad a las personas haitianas en movimiento, lo que las expone a diversas violaciones de derechos humanos, como detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las autoridades; extorsión; discriminación racial contra las personas negras; abusos de grupos armados, que incluyen la violencia de género; y falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo. Así lo afirman Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance en un nuevo informe publicado hoy.
“Mientras la situación política y económica continúa deteriorándose en Haití, lo que facilita violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y violencia generalizada, los Estados de las Américas no protegen a las personas haitianas en movimiento, que buscan estabilidad y seguridad, así como garantías de que no serán deportadas a Haití, donde pueden enfrentarse a graves riesgos para sus vidas y su seguridad”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Y añadió: “Hoy pedimos a los Estados de la región que pongan fin a las deportaciones a Haití y apliquen con urgencia medidas de protección a las personas haitianas, como el asilo y otras vías a la residencia legal para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de seguridad.”
Ningún lugar seguro: Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente es el resultado de una investigación realizada por un equipo que pasó una semana realizando entrevistas en Tapachula, en el sur de México, donde decenas de miles de personas haitianas esperan el resultado de sus solicitudes de asilo en condiciones inhumanas, tras hacer el peligroso viaje a través de América del Sur y Central en busca de seguridad.
Más de 26.000 personas haitianas han solicitado asilo en México este año. Menos de la mitad de las solicitudes de protección internacional presentadas por personas haitianas en 2020 y 2021 se resolvieron favorablemente, frente al 97-98% de resoluciones favorables en el caso de personas venezolanas y al 84-85%, en el de personas hondureñas durante el mismo periodo, según datos de las autoridades mexicanas.
El informe concluye que México está tomando medidas que, en la práctica, podrían estar restringiendo el acceso a protección de las personas haitianas en varios aspectos. Entre estas medidas, se cuentan las devoluciones ilícitas y las expulsiones sin el debido procedimiento a Haití y Guatemala y sin evaluaciones de protección, lo que viola el principio de no devolución (non-refoulement); la obligatoriedad de que todas las personas solicitantes de asilo haitianas estén únicamente en Tapachula; y la falta de consideración de las diversas opciones de regularización que permite la legislación mexicana.
A su vez, todo ello está sobrecargando el sistema y dando lugar a condiciones de inseguridad y a indigencia debido a la falta de acceso a vivienda adecuada, alimentos y otras necesidades básicas. Muchas de las personas haitianas que están en México han vivido en Chile, pero se vieron obligadas a salir del país tras sufrir discriminación racista contra las personas negras y dificultades para regularizar su condición migratoria, especialmente con el gobierno de Sebastián Piñera.
El derecho internacional y regional de los derechos humanos prohíbe que los Estados devuelvan a personas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro, situación que es claramente aplicable a Haití, un país que enfrenta desafíos como la violencia generalizada de bandas, las violaciones masivas de derechos humanos, incluidos presuntos crímenes de lesa humanidad, la inseguridad alimentaria generalizada, un terremoto reciente, y la inestabilidad política tras el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. No obstante, los Estados de la región, en particular Estados Unidos y México, han seguido llevando a cabo deportaciones a Haití en las últimas semanas.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre, los países de la región devolvieron a Haití a unas 10.800 personas haitianas, la mayoría desde Estados Unidos. Las recientes y muy difundidas expulsiones masivas de personas haitianas de Del Rio, Texas —según informes— a Haití y México en aplicación de las políticas del Título 42 —una medida tomada inicialmente por el gobierno de Trump con el pretexto de la COVID-19 que autoriza las expulsiones sin evaluaciones ni protección de asilo— demuestran palmariamente que las autoridades de Estados Unidos restringen de forma similar el acceso a protección internacional de las personas haitianas.
“Nuestra investigación nos dice que no hay ningún lugar seguro para las personas haitianas. Los países de la región deben poner fin de inmediato a todas las deportaciones a Haití y proporcionar a las personas haitianas acceso sin trabas a protección internacional”, ha declarado Nicole Phillips, directora jurídica de Haitian Bridge Alliance. “Los Estados también deben tomar medidas rápidas y efectivas para combatir el racismo y otras formas interseccionales de discriminación dirigidas contra personas migrantes haitianas. Por ejemplo, haciendo cumplir las normas que prohíben la elaboración de perfiles raciales por parte de funcionarios públicos y organizando campañas públicas contra la discriminación que aborden el racismo y la xenofobia en la sociedad.”
