“El Estado argentino tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas que debe saldar cumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos. La violencia y estigmatización no puede ser la respuesta a una cuestión de derechos humanos como es el reclamo por los territorios indígenas”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Con el objetivo de aportar información clara, fiable y profunda sobre el conflicto, Amnistía Internacional publica un documento con preguntas y respuestas. El material profundiza sobre los reclamos indígenas y las obligaciones del Estado argentino.
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Algunos ejes destacados del documento:
¿Qué reclaman las comunidades mapuche?
Las comunidades indígenas reclaman el efectivo acceso a sus territorios de ocupación tradicional como así también políticas de reparación ante el despojo sufrido a través de diferentes momentos de la historia argentina, tal como se encuentra reconocido en el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.
En Argentina, las comunidades indígenas no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional. En este contexto de ausencia de políticas de Estado que garanticen de manera efectiva sus derechos, surgen los diferentes conflictos y reclamos.
¿Hay una cuestión de seguridad que debe ser atendida?
La construcción de un discurso "securitista" funciona en estos casos como una plataforma que da vía libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protección del Estado.
Es inaceptable que el Estado califique al reclamo indígena, y en particular, del pueblo mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional que requiere la intervención de fuerzas de seguridad y la aplicación de leyes violatorias de los derechos humanos.
¿Por qué se habla de terrorismo asociado a estos reclamos?
Desde hace unos años existe una campaña racista y anti-indígena en Argentina que comenzó con la estigmatización del pueblo mapuche en el sur como un grupo asociado al terrorismo y a la delincuencia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de sus reivindicaciones. Se ha negado desde su lucha hasta su propia identidad, poniendo en duda su preexistencia en suelo argentino. Históricamente los mapuches han servido como chivo expiatorio y recientemente, de manera más vertiginosa, son utilizados, para la construcción de un “enemigo” en común, capaz de justificar las políticas de persecución y denegación de derechos.
¿Qué establece la Ley 26.160?
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha contraído al reconocer los derechos de los pueblos originarios. La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
El próximo 23 de noviembre vence por la cuarta prórroga de la ley 26.160 ante un escaso grado de avance del relevamiento territorial. Amnistía Internacional junto con diversas organizaciones ha solicitado al Congreso de la Nación que avance de manera urgente en la sanción de una nueva prórroga de esta importante norma.
