A través de la Resolución 2095/2016, el Ministerio de Salud deroga la vieja Resolución 3146/2012 que incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal y adecúa lo lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita; esto es, cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.
De esta manera, la Provincia de Buenos Aires se suma a las 8 jurisdicciones –Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– que ya cuentan con protocolos de atención respetuosos de la ley y los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012.
Asimismo, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que todos los efectores de salud, (incluyendo el personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE. Además indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.
La Comunicación también incorpora avances respecto del grupo de jóvenes y niñas, conforme los nuevos preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociéndolos como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.
“La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional Argentina.
Protocolo ILE Nación
El Protocolo sancionado en 2015 por Nación estable su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” e indica que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. Por ende, todas las jurisdicciones del país deben aplicarlo, adhieran o no a éste. Sin perjuicio de ello, la iniciativa de la Provincia brinda un reaseguro para mujeres, niñas y personas trans que continúan viendo vulnerado su derecho a acceder a un aborto legal.
