Amnistía Internacional celebra la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que había significado un fuerte retroceso para la política migratoria argentina. Tras más de cuatro años de una amplia movilización de la sociedad civil y denuncias de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno puso hoy fin al DNU que había modificado la Ley de Migraciones Nº 25.871.
En la fundamentación del nuevo Decreto 138/2021, por el que se restituye la vigencia de la ley de Migraciones con su redacción previa al dictado del DNU/70, se reconoce la incompatibilidad del decreto derogado con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. En efecto, conforme venía denunciando hace años Amnistía Internacional junto a diversas organizaciones y colectivos sociales, esta normativa violaba, el principio del debido proceso, el derecho a contar con asistencia y defensa legal, el derecho de reunificación familiar, entre otros derechos.
“No podemos más que celebrar el fin de este decreto, que fue acompañado de discursos xenófobos y discriminatorios por parte de autoridades estatales, que buscaban asociar la migración con la delincuencia. Con la excusa de ‘combatir la inseguridad’, se pusieron en marcha medidas persecutorias y crueles que llegaron a separar familias enteras, como fue el caso de la expulsión de Vanessa Gómez Cueva. Esta decisión es fundamental para el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El DNU 70/2017 modificó de forma autoritaria una ley que fue resultado de un amplio debate social y un trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil. La Ley de Migraciones reconoce la migración como un derecho y garantiza el acceso igualitario a derechos sociales y ha sido reconocida como ley modelo y de vanguardia en varios espacios nacionales e internacionales. El DNU 70/2017, en cambio, ha sido cuestionado en su constitucionalidad por el Poder Judicial a nivel nacional y criticado por distintos organismos internacionales de derechos humanos que han instado al Estado argentino a derogarlo. Entre ellos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU.
“Esperemos que esta decisión del gobierno sea el marco de una nueva era de la política migratoria en Argentina, que ya ha inspirado tantos países en revisar sus propias normativas en la materia para incorporar la perspectiva de derechos humanos. Es fundamental dejar atrás de una vez por todas el paradigma securitista y criminalizador de las migraciones para entender al migrante como un sujeto de derechos”, agregó Mariela Belski.
El nuevo decreto que aprobó la derogación del DNU 70 prevé la creación de una Comisión Asesora de la Política Migratoria que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones. Amnistía Internacional espera que esta nueva instancia colabore a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y recuerda la importancia de establecer mecanismos efectivos de participación social en la implementación de la política migratoria.
