Según su propio texto, la actualización responde a la necesidad de adaptar la política sanitaria a los estándares jurídicos, estándares clínicos y el avance del progreso científico acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo; reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en primer nivel y los tratamientos con medicamentos; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población y así garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes.
El Protocolo ILE no crea nuevos derechos; pero sí ofrece claridad y certeza a la comunidad médica respecto del proceder debido frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación; además de evitar obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del aborto en los servicios de salud.
“Como cualquier otra política sanitaria, aprobar un protocolo de actuación médica es competencia de la autoridad de Salud y celebramos que se haya aprobado por resolución brindando respaldo político para desterrar las dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente desde hace más de 100 años”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El Protocolo ILE contiene lineamientos para la aplicación en todo el territorio argentino, tanto en instituciones públicas como privadas. Por ello, esta actualización es una nueva oportunidad para que las Provincias que no han adherido con anterioridad al Protocolo o han implementado protocolos restrictivos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro, adhieran definitivamente al mismo para garantizar el ejercicio de este derecho de manera efectiva a todas las mujeres y personas gestantes a lo largo de todo el país.
La situación del aborto en Argentina
En Argentina el aborto es legal cuando (art 86 Código Penal)
• el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante
• el embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante
• el embarazo proviene de una violación
El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica para la vida y la salud de las mujeres en el marco del caso “F.A.L.”. Con el fin de terminar con la práctica de judicializar, entorpecer y/o demorar el derecho al acceso al aborto legal, el Tribunal estableció el alcance de los permisos y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley. Y Encomendó a todas las jurisdicciones y al estado Nacional a emitir un Protocolo de actuación para garantizar el acceso al aborto legal.
Son apenas 11 de las 25 jurisdicciones las que han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Éstas son Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, San Luis y Entre Ríos.
