Amnistía Internacional celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de presentar el caso del atentado a la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Esta decisión es resultado de la causa internacional iniciada en 1999 por la Asociación Civil Memoria Activa con apoyo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el informe de fondo elevado a la Corte, la CIDH ponderó que el Estado argentino conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía local, pero no adoptó medidas razonables para mitigar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio de la AMIA. Estas omisiones del Estado en proteger los derechos a la vida y a la integridad personal implicaron también una violación al derecho a la igualdad y no discriminación.

La CIDH también concluyó que los órganos estatales a cargo de la investigación del atentado cometieron graves falencias y desviaron deliberadamente la investigación durante más de ocho años. Entre otras irregularidades de la investigación, dirigida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 ("Juzgado Federal Nro. 9"), destacaron la deficiente preservación de la escena del crimen, la interrupción irracional de determinadas líneas lógicas de investigación, y el desembolso de fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) al entonces único imputado en la causa para que se pudiera construir una hipótesis acusatoria sin sustento. Estas conductas y omisiones, según la CIDH, representan actos de encubrimiento deliberado y constituyen la principal razón por la cual el atentado permanece impune hasta hoy.

El organismo también identificó una serie de falencias en la investigación encabezada por la UFI AMIA que debería subsanar las múltiples irregularidades ocurridas durante la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal Nro.9 y declaró que hay una demora irrazonable en la investigación judicial del atentado y respecto a los procesos de encubrimiento. A más de veinte años de iniciado el procedimiento judicial por las irregularidades cometidas durante la investigación original, aún no hay una sentencia definitiva. Según la CIDH, esta demora afecta el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y tiene un especial impacto en las víctimas y sus familiares.

LA CIDH consideró, además, que el Estado argentino violó el derecho de las víctimas y sus familiares de acceder a información vinculada con el atentado y que no cumple con las condiciones de preservación de esta documentación.

“El Estado argentino viene violando sistemáticamente el derecho de la sociedad y, especialmente, de los familiares de las víctimas a conocer los hechos detrás del atentado a la AMIA. Es un paso hacia adelante absolutamente relevante que la CIDH haya elevado el caso a la Corte Interamericana, reconociendo la responsabilidad estatal en la impunidad y el encubrimiento. Esperamos que el juicio ante esta Corte finalmente traiga verdad y justicia, luego de una lucha que protagonizan hace décadas los familiares de las víctimas”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

 En su informe de fondo, la CIDH recomendó al Estado

Conducir y concluir, de forma eficaz y en un plazo razonable, la investigación de los hechos, sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de estas graves violaciones de derechos humanos, así como también a quienes hayan obstaculizado o encubierto las investigaciones.

Que el Estado mantenga reuniones periódicas con los familiares a fin de brindarles información sobre los avances de las investigaciones y garantizarles el acceso a toda la información relevante vinculada al caso.

El Estado debe reparar económicamente a las víctimas y realizar acciones concretas que contribuyan a preservar la verdad y la memoria en relación al atentado y la búsqueda de justicia de las víctimas y sus familiares.

Adoptar medidas para garantizar que los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones vinculadas con el atentado a la AMIA puedan contar con toda la información relevante para conocer la verdad y juzgar y sancionar a los responsables, y las víctimas del atentado y sus familiares puedan acceder a la información que se encuentre vinculada con el caso.

Implementar una serie de medidas tendientes a fortalecer las capacidades estatales en materia de prevención de ataques terroristas que constituyan actos discriminatorios y para prevenir e investigar delitos complejos vinculados con la lucha contra el terrorismo.