Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015. Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación y condena los hechos ocurridos en el marco de la manifestación que llevaron adelante los trabajadores de la empresa Cresta Roja por el cobro de sus salarios adeudados y su continuidad laboral.

Como es de público conocimiento, el día 22 de diciembre de 2015, la Gendarmería Nacional, dependiente del Gobierno de la Nación, reprimió de manera violenta a quienes se manifestaban para reclamar por sus puestos de trabajo. Según indican los informes, las fuerzas de seguridad hicieron un uso desmedido de la fuerza, utilizando tanques hidrantes y balas de goma, que atentaron con la integridad física de personas.

Las normas internacionales de protección de derechos humanos, a las que Argentina se encuentra obligada, establecen claramente que todo uso de la fuerza por parte las fuerzas de seguridad debe ser excepcional y cumplir los estándares de proporcionalidad y necesidad, y, en especial, con la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad de la persona; asimismo, indican que las fuerzas de seguridad deben estar capacitadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Específicamente, los Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, desarrollados por el Ministerio de Seguridad en 2011, además de la prohibición absoluta de portación de armas de fuego, prohíben la utilización de postas de goma como medio para dispersar una manifestación.

Preocupa especialmente a Amnistía Internacional el accionar del Estado en un contexto en donde se ha declarado que el gobierno trabaja en la confección de un protocolo que regula la protesta social. Como subrayó Amnistía Internacional en oportunidad de su participación en el Congreso, en el año 2014, las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de reunión, todos ellos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. En ocasiones constituyen la única forma de que los sectores vulnerables o excluidos puedan hacerse oír y dar a conocer sus opiniones.

En estos contextos, el Estado cumple dos roles complementarios: por un lado, debe proteger el derecho a manifestarse, permitiendo a las personas expresar su disenso y ejercer su derecho de peticionar a las autoridades de manera pacífica. Por el otro lado, tiene el deber de velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan, ya sea frente a posibles daños de terceros como, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado.

En este sentido, Amnistía Internacional llama al Estado a investigar y sancionar a los responsables por el uso excesivo y extralimitado de la fuerza contra quienes se manifiestan; así como a tener en cuenta los principios internacionales de derechos humanos de protección y garantía efectiva del derecho a la protesta social a la hora de establecer criterios para su ejercicio.

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