08 de junio de 2011.- Amnistía Internacional lanzó un pedido internacional de acción urgente para evitar el desalojo de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle de la tierra en la que habitan y que se disputan con una empresa local, Comunidad Aráoz Hermanos.

Un juez de la ciudad de San Miguel de Tucumán denegó el pasado 30 de mayo una petición de la comunidad para que se detuviera una orden de desalojo. Esto les permite a las autoridades policiales tener luz verde para intentar un nuevo desalojo.

 

Por ello, representantes de los Quilmes presentaron el 1 de junio una denuncia formal contra el juez, acusándolo de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" y adoptar una resolución arbitraria a favor de la empresa.

 

Además, el pasado 29 de abril efectivos policiales, acompañados de un juez local, llegaron al lugar con la intención de desalojar a la comunidad. Ellos se resistieron y varios de sus miembros y algunos agentes de policía resultaron heridos en el enfrentamiento.

 

Esta no fue la primera vez que los Quilmes estuvieron ante un inminente desalojo. El 17 de septiembre de 2009 y el 5 de enero de 2010 ya habían sido expulsados de las cuatro hectáreas que reclaman y por las cuales también pelea una empresa, pero en ambas ocasiones volvieron a ocupar la tierra unos días después.

 

"[Las autoridades] nos han desalojado un montón de veces. Llevamos tiempo organizándonos, ocupando tierras ancestrales. [...] hay intereses de afuera, de afuera del país, que no son lugareños. En el pasado no había tanto apoyo de los políticos a los terceros. Nosotros nos encontramos encerrados", explicó Francisco "Pancho" Solano Chaile, Cacique de los Quilmes.

 

La ley 26.160 y su posterior prorrogación hasta el 2013 a través de otra ley, prohíben todo tipo de desalojo de las comunidades indígenas. Además, declaran la emergencia en materia de posesión de tierras y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico catastral de las tierras indígenas

 

Amnistía Internacional expresa su preocupación por el incremento de los ataques, ya sean desalojos, intimidaciones o amenazas hacia las comunidades que luchan para defender sus tierras ancestrales y se dirige al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak y al Gobernador de la provincia de Tucumán, José Jorge Alperovich:

 

n  Expresando preocupación por el peligro de que cuatro familias de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo forzoso;

n  Instando a las autoridades a no llevar a cabo este desalojo forzoso ni ningún otro contra comunidades indígenas de ninguna parte del país, conforme establecen las leyes nacionales 26.160 y 26.554;

n  Pidiendo a las autoridades que garanticen que los funcionarios que ordenen y lleven a cabo desalojos forzosos contra comunidades indígenas rinden cuentas de sus actos;

n  Recordando a las autoridades que deben tomar todas las medidas posibles para respetar los derechos de las comunidades indígenas, conforme establecen la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional

 

El pueblo indígena Quilmes se compone de unas 3.000 personas, la mayoría de las cuales viven en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. La comunidad de Colalao del Valle es una de las comunidades quilmes más grandes, con aproximadamente 1.000 habitantes.

 

Las autoridades provinciales también han desalojado a otras comunidades indígenas cercanas, algunos de cuyos dirigentes han sido atacados por defender la tierra que reclaman como suya. El dirigente indígena Javier Chocobar, de la comunidad de Chuschagasta, fue asesinado el 12 de octubre de 2009, en una aparente represalia por su trabajo para garantizar la seguridad de tenencia para su comunidad. Un terrateniente local y dos ex policías han sido acusados de su asesinato. El caso será juzgado en 2012.

 

La presión sobre las tierras ancestrales de las comunidades indígenas podría intensificarse en Argentina a medida que se acerca la fecha límite del relevamiento de tierras indígenas. Mientras tanto, los desalojos forzosos continúan, ya que algunas autoridades locales y provinciales no respetan las leyes nacionales 26.160 y 26.544. Las tierras indígenas son reclamadas en ocasiones por individuos particulares, empresas o entidades oficiales que buscan desarrollar en ellas proyectos para su propio beneficio.

 

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 y que Argentina ha respaldado abiertamente, establece que "[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios" y que "[l]os pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras [...] que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma".

 

"La comunidad tiene problemas desde siempre, desde hace muchos años", afirmó Francisco "Pancho" Solano Chaile.

 

"Acompañamos la lucha de los Pueblos Indígenas y exigimos que se respeten las leyes nacionales y los tratados internacionales que establecen las normas en materia de posesión de tierras de las comunidades originarias", dijo Gabriela Boada, Directora Ejecutiva Interina de Amnistía Internacional Argentina y agregó: "No deben existir más desalojos como ocurrió en la Comunidad La Primavera y como está ocurriendo con la Comunidad Quilmes de Colalao del Valle".