Amnistía Internacional Estados Unidos pide al gobierno de Trump que se abstenga de deportar a las personas de Mauritania que buscan refugio y seguridad en Estados Unidos sin una consideración renovada y justa de sus solicitudes de protección. Muchos habían solicitado asilo basándose en el temor de sufrir abusos contra los derechos humanos, incluida su posible esclavización.

Las agresivas políticas contra la inmigración del gobierno de Trump aplicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) situarían a cientos, posiblemente miles, de mauritanos en peligro de devolución a ese país del África occidental.

“Devolver personas a un entorno donde están expuestas a sufrir esclavización demuestra desprecio por su dignidad humana y sus derechos humanos fundamentales y constituye una violación flagrante del derecho internacional que contraviene décadas de tradición estadounidense”, manifestó Adotei Akwei, director adjunto del trabajo de promoción y relaciones con el gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“Son personas que hicieron su vida y establecieron comunidades en Estados Unidos, que fundaron familias y criaron hijos estadounidenses, y que en Mauritania se enfrentarían a la amenaza de la esclavitud, la tortura y la muerte.”

Los mauritanos expulsados de Estados Unidos soportarían el estigma de ser considerados activistas o disidentes y podrían sufrir ataques mortales.

Información complementaria

En un informe publicado en marzo de 2018, titulado “A Sword Hanging Over Our Heads”: The Repression of Activists Speaking Out Against Discrimination and Slavery in Mauritania, Amnistía Internacional concluía que la esclavitud y la discriminación racial siguen estando muy extendidas en Mauritania, a pesar de que la esclavitud fue oficialmente abolida en 1981, tipificada como delito en 2007 y elevada a la categoría de crimen de lesa humanidad en 2012. Aunque no hay datos oficiales, según estimaciones de grupos internacionales contra la esclavitud, el número de personas que vivían en la esclavitud en 2016 llegaba a 43.000, aproximadamente un 1% de la población.

Amnistía Internacional concluyó o asimismo que el gobierno de Mauritania sigue aplicando leyes represivas y usando tácticas desestabilizadoras que incluyen prohibir manifestaciones pacíficas y usar fuerza excesiva contra manifestantes, prohibir organizaciones de derechos humanos e interferir en sus actividades, y llevar a cabo detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, crueles campañas de difamación, agresiones y amenazas de muerte, todo ello con impunidad absoluta. Este peligroso entorno se agrava con la cercanía de las elecciones parlamentarias en septiembre en el país. Las fuerzas de seguridad mauritanas han detenido a periodistas, figuras de la oposición y activistas contra la esclavitud en una aparente campaña de represión de la disidencia antes de las elecciones.