La pandemia COVID-19 causó una crisis de salud pública y socioeconómica sin precedente a nivel mundial. Agravó desigualdades y afectó de manera desproporcionada a poblaciones marginadas. Muchos Estados aplicaron medidas que pusieron en riesgo los derechos humanos y, a medida que continúa propagándose, amenaza con dejar sin trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo y con sumir en la pobreza extrema hasta a 150 millones de personas más.

El rápido avance en el desarrollo y distribución de las vacunas podría mitigar en gran medida su impacto e incluso poner fin a gran parte de esta crisis. Para ello, es esencial que los esfuerzos extraordinarios realizados en el mundo para desarrollar, fabricar y distribuir pruebas, tratamientos y vacunas para el COVID-19 respeten los derechos humanos.

Amnistía Internacional elaboró un informe que describe las obligaciones de derechos humanos de los Estados y las responsabilidades de las empresas en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del COVID-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, dónde vivan, quiénes sean o cuánto puedan pagar.

Se ponen de relieve las principales obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, particularmente en lo que respecta al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y de los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones.
“Para combatir esta crisis mundial es necesario que todas las personas, sin importar su nacionalidad, el lugar en donde vivan o su ingresos, tengan acceso universal a las vacunas. Los Estados deben garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y buena calidad de las vacunas contra el COVID-19 sin discriminación. ”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y de ampliar el acceso a los medicamentos para todos.

El desarrollo, fabricación y distribución de las vacunas contra el COVID-19 podría ser la mayor iniciativa de inmunización de la historia y los derechos humanos deben estar en el centro de las medidas que se adopten.

Puntos clave del informe

📌 Los derechos humanos deben ser considerados al decidir a quién dar prioridad

Como es sabido, los suministros iniciales de vacunas serán limitados, y se deberá dar prioridad a quienes están en mayor riesgo. Los trabajadores de la salud, las personas mayores, las personas con problemas de salud preexistentes entre otros, están entre los grupos con acceso prioritario.

La pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas, tales como comunidades indígenas, personas migrantes y refugiadas. Los planes de vacunación sin perspectiva de derechos humanos podrían hacer que las personas más necesitadas de la vacuna no tuvieran acceso a ella.

📌 Cooperación internacional

En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los países tienen la obligación de colaborar para responder a la pandemia y los Estados más ricos tienen la responsabilidad especial de ayudar a los Estados con menos recursos.

De acuerdo a algunas investigaciones las naciones ricas, que representan apenas el 13% de la población mundial, ya adquirieron más de la mitad de la producción futura de vacunas. Esto significa que más de la mitad de las dosis prometidas de las cinco principales vacunas candidatas ya fueron compradas. En noviembre de 2020, más del 80% del suministro previsto para 2021 de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna ya se habían vendido a los países más ricos.

📌 Los Estados deben cooperar para asegurarse de que todos tengan acceso a las vacunas cuando estén disponibles.

Los planes de intercambio de vacunas deben ser verdaderamente justos El plan COVAX (colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra COVID-19), promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), colabora para que los países reúnan sus recursos, inviertan y compren el mayor número posible de vacunas y las distribuyan luego de manera justa y equitativa. Hasta ahora, 178 países se comprometieron con COVAX, con excepciones de EE.UU. y Rusia.

Aún quedan preguntas sobre cómo COVAX logrará su objetivo de distribución justa y equitativa. El plan fue criticado por permitir a los países más ricos solicitar dosis equivalentes al 50% de su población, mientras que los países con ingresos más bajos hasta ahora sólo pueden solicitar el 20%.

📌 Las empresas deben priorizar a las personas y no a las patentes

Cuando se desarrollan nuevos medicamentos, la empresa que los produce suele recibir derechos de propiedad intelectual. Eso significa que es la única que tiene permitido producir el fármaco durante un período de tiempo, y decidir su valor de mercado.

Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos son claras: la salud pública debe prevalecer sobre el derecho de las empresas a proteger su propiedad intelectual y eso debe ser una prioridad en el contexto de la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, la OMS estableció la iniciativa Acceso Mancomunado a Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP) para alentar a que las empresas compartan datos y patentes sobre sus innovaciones. Lamentablemente, hasta la fecha, ninguna se unió a C-TAP.

Como parte de sus obligaciones en materia de derechos humanos, los gobiernos deben adoptar medidas para eliminar cualquier barrera de costo que las personas puedan enfrentar para acceder al derecho a la salud.

📌 Las vacunas deben ser seguras y culturalmente aceptables

Las vacunas deben cumplir con las normas más recientes de la comunidad científica en cuanto a seguridad y eficacia. A su vez, los planes de inmunización se lleven a cabo de forma coherente con la protección de los derechos humanos, prestando especial atención al consentimiento informado.

Los Estados deben comunicar claramente los beneficios de la vacunación, contrarrestar la información errónea y la desinformación y ser transparentes sobre todas las etapas del desarrollo de la vacuna. Los beneficios científicos deben ser explicados y difundidos de manera comprensible para todos. No deben imponerse políticas de vacunación obligatoria y se debe garantizar que la vacunación es voluntaria en la medida de lo posible.