A través de una carta enviada a la Cancillería argentina, Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación ante la decisión del gobierno de retirarse de la petición interpuesta en conjunto con Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2018 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigara al gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Argentina es un país con una gran trayectoria e historia en su política exterior de derechos humanos. Sería sorprendente y alarmante que haya decidido retirarse de esta solicitud de investigación que reconoce el rol clave de la Corte Penal Internacional para garantizar justicia y reparación a las víctimas de los crímenes internacionales y graves violaciones de derechos en Venezuela”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 

Sobre la crisis en Venezuela

Venezuela atraviesa una gravísima crisis de derechos humanos sobre la cual Amnistía Internacional ha denunciado delitos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. A través de diversos informes y estudios en territorio, la organización registró ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017.

A la vez, Amnistía Internacional comprobó la ausencia de independencia y de mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

La propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió su informe sobre el examen preliminar y estableció que tenía “fundamentos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad”, pero que debía pasar al análisis de complementariedad e interés de la justicia para determinar si es pertinente la apertura de una investigación propiamente dicha.

 

Contexto sobre la denuncia

El 25 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú  interpusieron una denuncia contra Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta iniciativa se dio en el marco del llamado Grupo de Lima, una instancia multilateral conformada y avalada por más de diez países del continente con el objetivo de ofrecer posibles soluciones a la crisis en Venezuela.

En marzo de este año, el gobierno de Alberto Fernández anunció su retirada del organismo. En ese contexto, según información confidencial que se habría filtrado a la prensa, la embajada de Argentina en Holanda habría enviado una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para pedir el retiro de todas las gestiones emprendidas contra Venezuela ante dicha Fiscalía.

 

Política exterior de Argentina sobre Venezuela: avances y retrocesos

En septiembre de 2020, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un informe en el que afirmó tener motivos para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.  En ese informe, la Misión recomienda que la Fiscalía de la CPI tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración. Argentina, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), apoyó las conclusiones presentadas por esa Misión y la decisión del CDH de renovar su mandato para que siga su labor de investigación internacional independiente.

Sin embargo, tras salir del Grupo de Lima, Argentina habría decidido retirarse de la remisión conjunta ante la CPI y de toda presentación realizada en ese marco. Según la información que dicen haber obtenido los medios, esta decisión incluye la retirada de la presentación de un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aportaba testimonios de venezolanos y venezolanas residentes en Argentina susceptibles de ser investigados por la Fiscalía de la Corte.

Ante la gravedad de la decisión argentina de retirar la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional insta al gobierno a que se posicione enérgicamente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y apoye la investigación de la CPI, así como todos los esfuerzos de la comunidad internacional por acompañar las víctimas y sus familiares en su dolor y su búsqueda por verdad, justicia y reparación.