Amnistía Internacional Argentina solicitó una reunión con la canciller Susana Malcorra para manifestar su preocupación por la precaria situación financiera que atraviesa la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). También cursó el pedido de reunión al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

El 26 de mayo Amnistía Internacional, junto a más de 300 organizaciones, pidió en una carta abierta a los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tomen las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de la CIDH (Para acceder al texto de la carta haga click aquí).

La CIDH se financia con los aportes que realizan los Estados. “El Sistema Interamericano atraviesa una gravísima crisis y requiere un compromiso real de los países que se traduzca en un fondo sostenible de financiamiento para sus órganos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

A diferencia de períodos anteriores, en donde Argentina no registra aportes, en los últimos años –desde 2011 a 2016– nuestro país contribuyó progresivamente con el Sistema Interamericano. Pese a ello, sus aportes no logran reflejar este compromiso. A título ilustrativo en 2011 y 2012 contribuyó con UDS 50.00 cada año. En 2013 aportó UDS 400.000 para luego volver a reducir sus aportes en 2014 y 2015 a UDS 75.700 y 60.000 respectivamente. (Información disponible aquí).

En el caso de nuestro país, el Sistema Interamericano ha tenido históricamente un rol clave en la consolidación de la democracia y en la promoción y protección de derechos humanos. Tal es así que la visita de la Comisión durante la dictadura militar y la construcción del derecho a la verdad contribuyó sustancialmente en los procesos de memoria y justicia.

Argentina se benefició con los acuerdos para eliminar de su marco jurídico la pena de muerte –a través de la sanción de un nuevo Código de Justicia Militar y con la reformulación de su legislación migratoria, actualmente un modelo en la región y en el mundo. También consolidó los principios de libertad de expresión derogando los delitos de desacato, calumnias e injurias; sólo por mencionar algunos hechos de enorme trascendencia institucional.

Amnistía Internacional considera fundamental asegurar la continuidad del único mecanismo regional que supervisa las obligaciones en materia de derechos humanos de los miembros de la OEA y que constituye el último recurso de defensa con que cuentan los individuos en el continente frente a violaciones a los derechos fundamentales.